Las empresas alegan riesgos asociados a las baterías y la necesidad de personal especializado. Los defensores de la reparación reclaman acceso a repuestos y herramientas.
El avance de las bicicletas eléctricas ha reavivado el debate sobre si sus propietarios deben poder repararlas por su cuenta y acceder a repuestos y herramientas. Los defensores del derecho a reparar sostienen que las limitaciones elevan el coste, especialmente cuando fallan el motor o la batería, y que los talleres independientes pueden ofrecer alternativas a los servicios oficiales.
Algunos fabricantes se oponen a incluir estos vehículos en leyes de reparación, al considerar que requieren personal formado y equipos específicos. Su principal preocupación son las baterías de iones de litio: una manipulación incorrecta o el uso de piezas inadecuadas puede generar riesgos, además de problemas de reciclaje. En agosto de 2024, Xataka informó de que empresas en Estados Unidos trataban de convencer a legisladores estatales para excluir las bicicletas eléctricas de esas normas. El debate plantea cómo combinar el acceso a la reparación con las exigencias de seguridad.
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