Trabajar tiene que volver a merecer la pena

Que trabajar y esforzarse permita vivir mejor es la base de las sociedades abiertas. Formarse, aceptar más responsabilidades en el trabajo o levantar un negocio debe servir para ahorrar, acceder a una vivienda y construir un futuro. Ese vínculo entre esfuerzo y progreso es la génesis de una clase media con independencia económica y libertad para decidir. En sus ocho años de gobierno, Pedro Sánchez ha elevado las cargas sobre el trabajo y creado los incentivos para disuadir a los ciudadanos de apostar por ese vínculo y conformarse con ayudas públicas y la dependencia del Estado. Ese es nuestro “ajuste de cuentas” semanal, el que defiende las políticas que ofrecen avanzar a quienes sostienen el país.

El debate lo ha abierto la reacción del PSOE a Alberto Núñez Feijóo hablando precisamente de esforzarse y sacrificarse. Su cuenta oficial en la red X difundió el vídeo como una advertencia electoral. Afra Blanco remachó: «Que quede claro: SA-CRI-FI-CIO». Tratar a los ciudadanos como adultos exige explicar los esfuerzos necesarios para sacar adelante una familia o un negocio, cosa que saben muy bien los españoles. Pero presentar la cultura del esfuerzo como una amenaza revela hasta qué punto se ha degradado la izquierda española.

Los españoles ya se sacrifican: trabajan, estudian, cuidan y pagan impuestos. De hecho, el problema aparece cuando asumir más responsabilidades apenas mejora sus ingresos, la formación encuentra escasa recompensa y ahorrar resulta inalcanzable. La política económica debe facilitar que ese esfuerzo se traduzca en autonomía. Sánchez solo presume de ampliar ayudas, cuando un gobierno serio debería generar las oportunidades de vivir sin depender de ellas.

Julián Marías lo explicaba en “La medida de la libertad”, publicado en ‘El País’ en 1979: “La consecuencia inevitable es que un sistema que reduce la creación de riqueza, que compromete o disminuye la productividad, anula las «libertades reales», reduce a los hombres a un nivel económico inferior en que no es posible la realización plena del sistema de las libertades, la expansión de la vida”. Ese es el criterio para ajustar cuentas con cualquier Gobierno: si amplía las posibilidades de cada persona para construir su vida o genera ciudadanos más dependientes.

Querido lector, España tiene mucho camino pendiente.

Según la OCDE, nuestra tasa de empleo entre los 20 y los 64 años se situó en el 72,4%, frente al 76,1% de la Unión Europea, el 75,5% de Francia, el 78,8% de Polonia y el 81,1% de Alemania. Nos demuestra que todavía necesitamos incorporar al mercado de trabajo fuerza laboral para estar entre los países más competitivos. Sánchez sólo se ha preocupado de unos récords de ocupación que convivían con una insuficiente incorporación al mercado laboral. ¿Por qué no hemos conseguido que una proporción mayor de ciudadanos pueda trabajar y nos aproxime a los países más desarrollados? Sánchez debería explicarlo, porque mejorar esa tasa es indispensable para sostener los servicios públicos y mejorar la renta familiar.

Después de ocho años, la respuesta son decisiones que disuaden de incorporarse al mercado laboral y reformas pendientes. El presidente debe responder de sus decisiones y de lo que ha dejado sin hacer para que contratar y trabajar resulte más atractivo.

La fiscalidad es otro ejemplo. Según el ‘Taxing Wages 2026’, de la OCDE, la cuña fiscal de un trabajador soltero, sin hijos y con salario medio alcanzó en España el 41,4% del coste laboral en 2025, frente al 35,1% de la OCDE. Incluye IRPF y cotizaciones del trabajador y de la empresa. Muestra a la perfección la distancia entre lo que cuesta contratar y lo que finalmente recibe el trabajador, una brecha que se ha ampliado desde que gobierna Sánchez.

En el caso de una familia con un único salario medio y dos hijos, la brecha de la cuña fiscal con la UE se dispara hasta los 10,6 puntos de diferencia (España 36,8%, frente al 26,2% de media OCDE). La conclusión, esforzarse, no renta.

A ello se suma la progresividad en frío. Si los salarios aumentan para compensar la inflación, pero los parámetros del IRPF no se actualizan plenamente, los trabajadores pueden pagar un porcentaje mayor sin haber ganado poder adquisitivo. La AIReF, en un estudio publicado en febrero de 2026, atribuye a este mecanismo aproximadamente la mitad del aumento de la recaudación del IRPF sobre el PIB entre 2019 y 2024: seis décimas de un incremento de 1,2 puntos.

Hacienda participa así de una mejora salarial que, en muchos casos, no permite recuperar lo perdido. Y cuando llega un ascenso profesional, lo relevante para el trabajador es cuánto conserva de ese ingreso adicional. La política fiscal debe cuidar la recompensa de adquirir conocimientos y asumir responsabilidades. No basta con llamar ricos a quienes consiguen ganar algo más.

Pensemos en quien acepta una promoción que trae horarios más difíciles, decisiones más complejas y una responsabilidad mayor. Si la mejora neta resulta pequeña, rechazarla puede ser una decisión racional. Lo mismo sucede con quien estudia por las noches para cambiar de profesión. Una economía que necesita talento debería prestar mucha atención a estas cuestiones.

En las rentas bajas, la cuestión puede ser todavía más delicada. Al aceptar un empleo o ampliar jornada pueden coincidir impuestos, reducción de prestaciones y gastos de transporte o cuidados. La trampa de la pobreza aparece cuando el aumento de los ingresos laborales apenas mejora la renta disponible. No hay nada más injusto, el sistema acaba penalizando a quien intenta mejorar su situación. Nadie debería tener que elegir entre avanzar y conservar una seguridad imprescindible.

> Presentar la cultura del esfuerzo como una amenaza revela hasta qué punto se ha degradado la izquierda española

La evidencia existe. En su evaluación de 2025, la AIReF estimó que el ingreso mínimo vital reducía la probabilidad de trabajar de sus perceptores en tres puntos porcentuales, equivalentes a un 12% respecto al nivel previo. El incentivo al empleo aplicado desde 2023 no habría corregido ese efecto. En julio de 2026, la institución volvió a reclamar una reformulación de su diseño. Proteger frente a la pobreza exige facilitar la salida hacia el empleo.

La otra gran tarea es la productividad, cuestión que hemos tratado ampliamente en esta tribuna. El FMI, en un estudio de 2025, atribuye principalmente a la brecha en productividad nuestra distancia de renta por habitante respecto a Estados Unidos (casi un 40%) y a las tres mayores economías europeas (un 16%). Señala dificultades para que las empresas crezcan, innoven y accedan a financiación. Ahí está buena parte del problema salarial español. Para elevar salarios de forma sostenida en el largo plazo se necesita inversión, tecnología, buena organización y mercados abiertos.

También debemos preguntarnos qué ocurre con la formación. España registra la mayor tasa de sobrecualificación de la UE: en 2025 afectaba al 34% de los ocupados de 20 a 64 años con estudios superiores, frente al 21,4% europeo, según Eurostat. Son personas empleadas en ocupaciones que no requieren ese nivel educativo. Pedirles que estudien más, mientras desperdiciamos sus capacidades, resulta insuficiente. Hace falta mejorar la conexión entre educación y empleo y facilitar la aparición de actividades capaces de aprovechar ese talento.

Una política que reivindique el mérito debe ofrecer formación exigente, orientación útil y oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Debe evaluar resultados y facilitar la colaboración entre centros educativos y empresas. Rebajar expectativas termina perjudicando especialmente a quienes dependen de la enseñanza para progresar social y económicamente. Pero exigir sin proporcionar herramientas tampoco resuelve nada. El ascensor social necesita preparación y oportunidades reales. Después de ocho años, Sánchez deja un motor averiado.

Por todo ello, la agenda política debería ser concreta: actualizar los parámetros del IRPF para evitar gravar ganancias que no lo son en términos reales, aliviar la carga sobre los salarios modestos y coordinar prestaciones para que trabajar permita siempre una mejora apreciable al ciudadano. Estas medidas deben acompañarse de servicios de empleo evaluados por su inserción efectiva, apoyo a los cuidados y más oferta de vivienda allí donde existen oportunidades. Para financiar rebajas fiscales, también es necesario evaluar la eficiencia del gasto.

Y hace falta permitir que las empresas crezcan: reducir barreras administrativas, mejorar la unidad de mercado, favorecer la inversión y la competencia y garantizar una regulación estable. Durante ocho años, el Gobierno nos ha reclamado más recaudación para sostener el Estado del bienestar, cuando debería haber dedicado mucha más energía a ensanchar la base productiva que lo financia. Exprimir de forma creciente a quienes ya trabajan tiene un recorrido muy limitado.

Por eso, por más que moleste a lo que queda del PSOE, tratar a los españoles como adultos es un ejercicio ilusionante y esperanzador. Defender el esfuerzo significa algo más que pronunciar la palabra mérito. España necesita un proyecto en el que conseguir empleo, mejorar profesionalmente y emprender aumente de verdad las posibilidades de vivir mejor. A Sánchez le juzgarán las urnas por haber relegado esa tarea. Trabajar y esforzarse tiene que volver a merecer la pena.

Santiago Sánchez López es economista