El Gobierno sabotea al Supremo y al censo

El país está pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la resolución del Tribunal Supremo de suspender el voto de todos los nacionalizados por la "ley de nietos" que no puedan acreditar los requisitos que exige la norma para adquirir el derecho al sufragio. En una democracia plena y respetuosa con el marco constitucional y el pleno marco jurídico y con un gobierno que aceptara la legitimidad de las reglas en el fondo y en la forma y se desempeñara con honradez y rectitud, nunca se habría planificado una maniobra para adulterar el censo electoral y, por ende, intervenir el sentido de la soberanía nacional.

No hay un caso similar en los países de nuestro entorno y todos los referentes y las conductas reconocibles nos recuerdan a los regímenes populistas americanos tan del gusto del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Pero llegados a este punto, sabemos bien que Moncloa no ha sido el más firme representante ni el más devoto creyente del buen gobierno y la ética pública. Así que, a sabiendas de la torticera intrusión del Defensor del Pueblo en un procedimiento en marcha y no finalizado, sino en plazo abierto de reclamación por parte de los afectados, es lógico e imprescindible que la oposición, aunque no solo, esté obligada a emplearse en todos los ámbitos posibles para reponer el orden y la integridad de un cauce medular del proceso electoral y del sentido de la expresión máxima del régimen representativo y liberal, como es el voto de los españoles.

Ha hecho bien y con un sentido ajustado de su responsabilidad el Partido Popular en su paso al frente para exponer las arteras maniobras del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tampoco nos sorprende que José Manuel Albares, el jefe de la diplomacia española y uno de los más convencidos sanchistas, haya puesto en almoneda lo que queda de la imagen y la dignidad de uno de los más nefastos ministros del peor gobierno de la democracia. Sabotear de manera intencionada los autos del Tribunal Supremo sin mandar a la Oficina del Censo ni un dato para retirar a quienes no cumplen como descendientes de exiliados y, por tanto, no pueden votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, debería acarrear responsabilidades en los tribunales de justicia por obstrucción.

Hablamos de un mes de brazos cruzados en los consulados, no por incapacidad, sino por insumisión, premeditación y alevosía. Hemos sido muy conscientes desde que Sánchez decidió convocar elecciones de que asistiríamos a la campaña más sucia de la democracia y que utilizaría todos los resortes del poder para desvirtuar y corromper el proceso. El fraude censal vía la instrucción ilegal de la "ley de nietos" era clave. Queremos pensar que la maniobra del sanchista Gabilondo ha sido tan desesperada y grosera que hasta Conde-Pumpido pueda entender que su toga esté ya demasiado sucia.