Elecciones tortuosas

No hay duda de que esta campaña electoral es muy especial. No podíamos esperar otra cosa. Desde 2018, fecha en la que Sánchez se hizo con el Gobierno, todo ha sido especial, diríamos que insólito. En 1920 publiqué un libro titulado Una historia insólita. En la introducción describía brevemente los múltiples hechos que parecían inauditos a partir de la llegada de Sánchez al poder, pactando con los que un año antes habían dado un golpe de Estado y con los herederos y defensores de terroristas.

El hecho en sí mismo era tan insólito que cuando le preguntaron a Rubalcaba por su posibilidad, la descartó de plano con una frase que se haría viral: «Eso sería un gobierno Frankenstein». Tan inaudito y reprobable que, cuando el Comité Federal del Partido Socialista sospechó cuál era el proyecto de Sánchez, forzó su dimisión de la Secretaría General. Todas las demás rarezas e irregularidades se fueron derivando como consecuencias de este hecho, de la moción de censura.

Manifestaba también en la introducción que el objetivo del libro era que no terminásemos por dar como normal lo que era incongruente y reprobable. Yo escribía entonces en 2020. Ahora, todo aquello, comparado con lo que después ha sucedido, nos puede parecer nimio, pero era su preámbulo. Mirando exclusivamente a la legislatura presente: comienza con la compra del Gobierno, pagando el precio de la amnistía a un prófugo de la justicia en Waterloo; y va a concluir sin que se haya aprobado un solo presupuesto y, lo que es más censurable, sin que ningún año el Gobierno los haya presentado a Cortes tal como está preceptuado en la Constitución.

A lo largo de todos estos años, Sánchez ha hecho una política populista, propia de algunas repúblicas de América Latina. No ha respetado ningún límite y ha aprovechado cualquier rendija de la normativa para transgredir el sistema establecido. Nunca a los que elaboraron la Constitución del 78 se les pudo ocurrir que alguien hiciese uso de tales subterfugios. Era de prever, por tanto, que llegado el final de la legislatura y con las encuestas adversas, Sánchez se agarrase al Gobierno con todas sus fuerzas y que emplease todo tipo de trucos y de trampas, todo lo que le permitiesen los tribunales y la Constitución.

En muchas ocasiones con fraude de ley y siempre con la interpretación torticera de Conde Pumpido. Hubiese sido una sorpresa que estas elecciones fuesen corrientes y normales cuando son el desenlace de ocho años políticos excepcionales. La primera artimaña comenzó hace años, había que prepararla con tiempo. Se concede la nacionalidad y con ella la capacidad de votar no solo a los descendientes de los exiliados de la guerra, cuestión ya muy problemática, sino a todo aquel que lo desease, de acuerdo con una instrucción de una dirección general, la de la hermana de Puente, que, contra toda lógica, pretendía modificar una norma con rango de ley.

Con esta especie de barra libre y con instrucciones adecuadas a los consulados en algunos países sudamericanos, en poco tiempo se habían concedido 400.000 nacionalidades y había 2.500.000 de solicitudes a las puertas, que con toda seguridad se habrían otorgado de no haber intervenido el Tribunal Supremo. Ha constituido una clara y consciente operación de manipulación del censo (Se puede ampliar esta información con los artículos publicados en este diario Mi prima la francesa y Manipulación del censo, del 21 de julio y del 29 de septiembre, respectivamente).

«Sánchez decidió convocar elecciones y seguir el camino de Sumar y ponerse al frente de la algarada» El desencadenante del final de la legislatura vino con un desahucio como otros muchos, que incluso tienen la misma o mayor carga emocional, solo que este fue acogido bajo el patrocinio de una organización que se llama sindicato y que dice defender a los inquilinos, aunque sus recetas son tan improcedentes como las aplicadas por este Gobierno. En un principio, la manifestación y la revuelta, como no podía ser de otra forma, se dirigían contra las dos organizaciones políticas que forman la coalición gubernamental, ya que en ocho años no habían hecho nada por solucionar el problema de la vivienda.

A pesar de ser un problema candente y que preocupa mucho a la ciudadanía, la protesta, al igual que otras muchas, quizás se hubiese disuelto como un azucarillo de no ser porque el Gobierno decidió aprovecharla para sus fines. Primero fue Sumar. Esta formación vio en la revuelta una oportunidad de marcar perfil propio. Bajo ningún punto quería abandonar el Gobierno, pero aproximándose el final de la legislatura, deseaba que se visualizase que se separaba del otro partido de la coalición.

Pensó que era la ocasión de retomar un decreto sobre los alquileres que el Congreso había tumbado y que Sánchez se negaba a llevar otra vez para que no sufriese el mismo destino. Esta vez fue distinto, los disturbios se iban haciendo cada vez más fuertes. Así que el presidente del Gobierno entró al envite y, después de disputar largamente con los ministros de Sumar y del numerito de que estos se negasen a entrar al Consejo de Ministros, aprobaron, sin que estuviesen totalmente escritos, dos decretos que llevaron inmediatamente al Congreso con la intención de que se aprobase uno y se rechazase el otro.

Lo cierto es que, dada la debilidad de ambos, el Parlamento tumbó los dos. Sánchez, tras un fin de semana de reflexión, llegó a la conclusión —o le aconsejaron— de que no se le presentaría ninguna ocasión mejor. Decidió convocar elecciones y seguir el camino de Sumar y ponerse al frente de la algarada. Una protesta que comenzó en contra de un Gobierno que había creado el problema de la vivienda, (y que durante sus ocho años en el poder, el precio de los pisos había subido un 70% y el del alquiler un 40%) se transformó en poco tiempo de tal manera —he aquí lo paradójico— que cuando se quisieron dar cuenta sus organizadores, era ese mismo Gobierno el que estaba a la cabeza de la asonada.

Los manifestantes, de forma simplona y frívola, habían establecido la oposición entre inquilinos y buitres y rentistas; Sánchez la transformó entre los que habían votado que sí a los dos decretos y los que se opusieron a ambas normas. Estos últimos estaban con los explotadores y especuladores. Los primeros se identificaban con la voz del pueblo, bueno, más bien ellos eran la voz del pueblo (Ver el artículo publicado en este diario el 6 de octubre pasado y titulado Algarada reaccionaria).

«Como un peronista cualquiera, contrapone el pueblo al Parlamento» A partir de aquí los sanchistas, tanto el PSOE como Sumar, se han constituido en altavoces de los indignados. Surgen como los mayores enfurecidos y procuran por todos los medios, y son muchos, que la algarada se incremente y crezca. De ahí la pasividad de los delegados del Gobierno. Sánchez, ya sin ningún pudor, ha abandonado los principios más elementales de la democracia y, como un peronista cualquiera, contrapone el pueblo al Parlamento.

Bien entendido que solo él es el que interpreta adecuadamente el pensamiento y la voz del pueblo. Ha llegado a afirmar que el Congreso ha dado la espalda a la calle, dando a entender que la soberanía nacional se encuentra en la calle, en la revuelta, en la asonada. Solo le faltó decir, como en el mayo del 68, «No nos representan». Frase peligrosa ya entonces porque si el Parlamento con todos sus defectos no representa a los ciudadanos, ¿qué otra representación puede haber?

, ¿la de un dictador? Al fin al cabo, los que pronunciaban entonces aquella frase eran estudiantes, trabajadores e intelectuales. Pero el hecho sube enormemente de volumen y gravedad cuando el que la fórmula es el presidente del Gobierno. Conceptualmente, está al borde de la defensa de la dictadura. Otra cosa es que pueda llevarla a cabo porque estamos en Europa, y en España aún hay un sistema político y democrático que funciona, pero no nos debe caber la menor duda de que hará todo lo que esté en su mano para impedir la alternancia.

Sus ideas se aproximan peligrosamente a las teorías de Carl Schmitt, aunque él quizás no sepa quién es, y su tesis doctoral copiada no diese para tanto. Sánchez llega a decir que la composición de este Parlamento no se adecúa a lo que piensa la calle y es curioso porque es este Congreso con esta misma composición el que le eligió a él presidente, a pesar de haber perdido las elecciones, y le ha permitido gobernar cuatro años. Puede ser que sí, que en este momento, haya un divorcio, pero el de sus votantes con él y con su partido, porque han hecho todo lo contrario de lo que habían prometido en la campaña electoral.

Pensemos en la amnistía o en la financiación privilegiada de Cataluña. «Lo que quiere realmente Sánchez es prescindir del rey, de los jueces y del Parlamento. ¿Qué nombre daríamos a eso?» Sánchez comenzó a denostar al rey cuando este, aun siendo fiel a su papel constitucional, se ha negado a ser un pelele en manos del sanchismo. El presidente del Gobierno ha abrazado el lawfare y ha atacado a los jueces cuando estos se han dispuesto a ejercer su función también en los aledaños del sanchismo o en la familia del amado líder.

Y, por último, decidió gobernar sin el Parlamento tan pronto como le contradijo en algunos asuntos. Lo que quiere realmente Sánchez es prescindir del rey, de los jueces y del Parlamento. ¿Qué nombre daríamos a eso? Últimamente, puesto ya al frente de la algarada, no solo es que quiera gobernar sin Parlamento, es que pretende gobernar contra el Parlamento. Para demostrar a los indignados que está con ellos y que es su líder, aspira a usar la Diputación Permanente del Congreso para que se aprueben los decretos que la Cámara Baja acaba de rechazar.

Es un caso clarísimo de fraude de ley. La Diputación Permanente, que debe tener la misma composición proporcional que el Pleno, se establece para que entienda de los temas urgentes e imprescindibles de los que tendría que ocuparse el Congreso y que no puede hacerlo por estar disuelto. En ningún caso está para que, aprovechando que su composición no es exactamente equiparable al Pleno, apruebe lo que el Parlamento en su totalidad no ha querido aprobar.

Es más, hay que temer que durante estos días que quedan hasta las elecciones, el Gobierno, en previsión de que las pueda perder, lleve a la Diputación Permanente todo lo que le ha quedado pendiente, sea urgente o no. Sánchez, aprovechando todos los medios que tiene ahora a su disposición, mientras se coloca a la cabeza de los amotinados, va a potenciar todo lo posible la revuelta en la creencia de que el ruido le favorece. De ahí que haya mandado a los sindicatos, a los que durante este tiempo ha tenido domesticados, que hagan —cosa insólita— una huelga general, dos días antes de comenzar una campaña electoral.

Una huelga general dirigida —cosa más insólita todavía, aunque intenten ocultarlo— contra la oposición. María Jesús Montero es una charlatana, pero precisamente por eso se le escapa a veces lo que los demás no quieren decir. Después de ocho años de gobierno, la culpa de lo que pasa en España es de la oposición. Va a ser verdad aquel chascarrillo de «hay que ver qué país nos va a dejar la oposición». En cualquier caso, el tema de los sindicatos merece un artículo aparte.

Es posible que Sánchez esté pensando en las elecciones del 2004. Entonces nadie daba un chavo por la victoria de Zapatero. La única duda era si Rajoy sacaba mayoría absoluta o simplemente ganaba las elecciones. He aquí, sin embargo, que dos días antes de las votaciones se producen los atentados del 11-M. La emotividad y la tristeza sustituyeron a cualquier planteamiento racional y motivado. Y los resultados de las votaciones cambiaron radicalmente el signo esperado.

Es posible que Sánchez piense que con la algarada por la vivienda puede producirse algo parecido y la afectividad y el sentimentalismo nublen la mente y la reflexión de los electores. No parece fácil que se repita el hecho. Primero, porque por mucho que se exagere el patetismo del caso Maricarmen no se a