La lucha por la educación pública y las tareas pendientes

En un contexto que parecen querer marcar desde arriba, con un adelanto electoral para recolocar el tablero, la agenda de los movimientos sociales sigue su curso. El pasado miércoles 14 de octubre arrancó la huelga indefinida convocada por todos los sectores educativos no universitarios de la Comunidad de Madrid y los próximos 4 y 5 de noviembre se convoca huelga por parte de todas las universidades públicas madrileñas. La movilización por la educación pública se inscribe en un contexto generalizado de lucha social que abarca en primer lugar la vivienda, pero también la sanidad, la educación, la infraestructura y servicios en los barrios o el transporte público.

Animada por las asambleas de centro y las plataformas (inter)universitarias, la lucha por la pública ha adquirido un determinado grado de madurez en sus reivindicaciones, las dinámicas de lucha, y sus objetivos a corto y largo plazo. Sin duda, el ambiente está cambiando y también en la educación pública. Los ecos de las movilizaciones y el impacto de las huelgas educativas remueven las vidas cotidianas de aquellos que también se ven afectados por una hipoteca que les pone el agua al cuello, unos alquileres inasumibles, y un precio de la vida en alza.

De marginal y pasajero a central en las conversaciones de bar, en los comentarios en el patio del colegio y en las tertulias televisivas. En el horizonte la próxima huelga general por la vivienda convocada para el día 11 de noviembre que sirve de faro para seguir avanzando en las movilizaciones y concentrando esfuerzos. Este viento de cola que trae la aparente unificación y potencia convergente de las diversas luchas sociales debe servir, en mi opinión, para fortalecer las estructuras organizativas y disipar algunas dudas sobre los siguientes pasos del movimiento.

Estos se pueden concretar en tres retos principales. En primer lugar, la coordinación entre sectores educativos no docentes y el sector universitario. Desde el arranque del último ciclo de lucha en defensa de la universidad pública a finales de 2024, la necesidad de una buena coordinación con el movimiento ya más maduro en los ciclos no universitarios fue evidente. Esta coordinación ha pasado mejores y peores momentos, pero el estado actual de un respaldo mutuo (de universidades a sectores no universitarios y viceversa) es un bien preciado que hay que preservar.

Se necesitan más movilizaciones y protestas unitarias del ciclo universitario y no universitario y también, como ha venido pasando, que se mantenga la costumbre de hacer propias las movilizaciones ajenas y que el color verde convoque a todos los ciclos educativos a la protesta, la huelga y la lucha. Así mismo, para que esto perdure en el tiempo es necesario hacer un trabajo de fondo de unificación de las demandas. Hay que hacer más visibles los problemas comunes de los ciclos universitarios y no universitarios, como la mercantilización o el asedio de la privada y la concertada ya que presentan una misma amenaza.

Ocurre lo mismo con la saturación de las aulas y el colapso de docentes y personal técnico y de administración en relación al trabajo burocrático. En segundo lugar, la capacidad expansiva del movimiento por la pública hacia abajo, es decir, la capacidad de que las organizaciones activas y la movilización se nutra no solo de estudiantes y docentes netamente de izquierdas, sino que logre conectar con el conjunto de las masas trabajadoras del sector educativo.

Un escollo muy mencionado en las asambleas universitarias es la incapacidad de lograr conectar con el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) así como con otros sectores del trabajo en las universidades. La escucha y una valoración de sus condiciones específicas es aquí imprescindible para ganar la confianza y demostrar con hechos la viabilidad del movimiento para mejorar las condiciones laborales y de vida de estos sectores.

También la expansión sindical y la articulación de las plataformas con los sindicatos combativos sobre el terreno, que son pocos, es un elemento clave para avanzar en este objetivo. En tercer lugar, el alcance político del movimiento. Lo fundamental de lo que ha acontecido últimamente en torno a la lucha por la vivienda tiene que ver con su capacidad para adquirir un tono político determinado, situarse no como una reivindicación sectorial sino como un problema político de todos.

Es evidente el esfuerzo del movimiento por situar los problemas salariales y de condiciones laborales (ratios y horas lectivas) de las docentes en relación al desarrollo y la trayectoria de vida de niños y niñas. Este esfuerzo debe dar sus frutos y es fundamental hacer entender que el problema de la educación y la defensa de la pública es un tapón para los horizontes de vida de las clases trabajadoras de forma equivalente a la cuestión de la vivienda.

El modelo segregador y privatizador de la enseñanza en Madrid, la degradación de recursos y capacidades docentes, y la falta de financiación reduce el potencial de las clases trabajadoras para establecer horizontes de vida dignos. Es urgente introducir también en las luchas por la educación esa idea tan bien armada por el movimiento de vivienda: casas para vivir, educación para vivir una vida digna.