No hay plan de vivienda sin los Presupuestos

Las políticas de vivienda no se improvisan. Si solo la recalificación de un suelo precisa de un plan de urbanismo que requiere una tramitación compleja, con periodos de exposición pública, resolución de alegaciones, acuerdo político y supervisión de las autoridades autonómicas correspondientes, que tienen transferidas las competencias, se entenderá perfectamente por qué un gobierno como el que preside Pedro Sánchez, que ha hecho de la confrontación su leitmotiv, ha sido incapaz de cumplir, siquiera, una mínima parte de sus promesas habitacionales. Así, un ejecutivo en minoría parlamentaria, exigido de continuo por unos socios populistas, no ha hallado otro remedio que operar sobre el mercado del alquiler, siempre desde el principio socializante de trasladar la carga de la responsabilidad al propietario, con medidas de contención de precios mil veces ensayadas y mil veces fracasadas, hasta llegar al esperpento de los últimos decretos, elaborados desde la demagogia del caso Maricarmen, ejemplo de "rentista inversa", que no solo rozan la inconstitucionalidad por atentar contra el derecho a la propiedad privada, sino que recuperan con mínimas variaciones la estrategia franquista de la congelación de alquileres, con el hándicap de que esa política no viene acompañada, como sí hizo el dictador, de una política social que ensanchó las clases medias mediante el expediente de hacerlas propietarias de sus viviendas. Muchos de esos nuevos propietarios invirtieron a su vez en el ladrillo, con el objetivo de ahorrar y completar los ingresos de la pensión o, también, para dejar un capital en herencia a los hijos, y sufren ahora el riesgo de ver desbaratada su inversión por un remedo confiscatorio, que es lo que es una expropiación sin justiprecio. Por supuesto, que el Ejecutivo sanchista haya sido incapaz de desarrollar programas de vivienda social, ya sea en propiedad o para el alquiler tasado, tiene variadas causas, entre ellas la más que demostrada incompetencia técnica y política de sus miembros, mucho más avezados en el campo de la propaganda, aunque ni eso, que en el análisis de los condicionantes económicos y sociales que podían condicionar el futuro –como ha sido el brutal incremento de la población por la incorporación de más de tres millones de inmigrantes en una década–, pero fundamentalmente, porque no puede haber una estrategia sólida de vivienda social sin disponer de los Presupuestos Generales del Estado, que no son solo el acto político y de gestión más importante de la legislatura, sino que actúan como la hoja de ruta para las grandes decisiones inversoras a medio y largo plazo, por más que hablar de largo plazo teniendo al actual inquilino en La Moncloa pueda sonar a sarcasmo. Un ejercicio más, y van cuatro, el Ejecutivo ha incumplido el mandato constitucional de presentar las cuentas públicas en los plazos marcados y mucho nos tememos que tampoco será capaz de reunir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarlos, a menos que se deslice por la siempre peligrosa senda del agravio territorial comparativo, que es el santo y seña de esta legislatura. Podría tratar de llegar a un acuerdo con la oposición, incluso de mínimos, para no ceder a las últimas vueltas de tuerca de los nacionalistas, pero, como sucede con las promesas de vivienda del sanchismo, eso es ciencia ficción.