La perversión electoralista de la democracia

No ha sido Pedro Sánchez, precisamente, un político al que le importen las formas ni que haya tenido el menor reparo a la hora de saltarse esos límites no escritos que son consustanciales a los sistemas democráticos de corte occidental, en los que tan importante es el espíritu de la ley como la ley misma. Al contrario, si algo caracteriza al sanchismo es el recurso a la trapacería, allí donde las cuentas parlamentarias no le salen o donde la legislación deja algún resquicio que no fue tenido en cuenta por los padres constituyentes.

De ahí, que la puesta en marcha de ese artefacto electoralista que los equipos de propaganda del PSOE han dado en llamar "martes sociales" entre en la normalidad de una manera de entender el ejercicio de la política que nos trae resabios de cacique decimonónico en pleno siglo XXI. No queremos entrar, entre otras razones, porque nos situaríamos en el mismo plano que el Ejecutivo, en los contenidos de los reales decretos "sociales" que piensa aprobar el Consejo de ministros durante los próximos seis martes, que es el tiempo que tiene hasta la convocatoria electoral y su entrada en funciones, ya que se trata de medidas que, en general, no resisten el menor contraste con la realidad que pretenden modificar y, en cualquier caso, deberían ser objeto del correspondiente trámite parlamentario, pero sí señalar que nos hallamos ante una perversión de sistema y de las instituciones, aprovechando unas lagunas en el reglamento de la Diputación Permanente de las Cortes que el próximo gobierno que salga de las urnas tendría que colmatar.

Que los redactores del reglamento no previeran la posibilidad del uso filibustero del organismo no les supone desdoro alguno, puesto que nadie está preparado para precaverse ante la traición, en este caso, a la voluntad de los legisladores, por parte de un personaje que ha declarado paladinamente algo tan grave como que el Parlamento pierde la legitimidad cuando no atiende la voluntad de la calle, algo inaudito si tenemos en cuenta que esa misma Cámara es la que proporciona le legitimidad de origen al inquilino de La Moncloa.

En realidad, hablamos de un problema de ética política más que de utilitarismo, porque la cuestión es calcular, si los decretos leyes se aprueban gracias a la mayoría modificada de la Diputación Permanente, que no es la misma que la que reflejaba la composición del Parlamento reunido en pleno, sus efectos reales, una vez que se trata de medidas meramente electoralistas, para consumo rápido antes del 29 de noviembre, que, como la construcción de 6.

000 plazas para residencias universitarias, no tienen la menor posibilidad de salir adelante, menos procediendo de un Ejecutivo que lanza promesas al aire como hace brindis al sol, y en el que es dudoso su compromiso con los hechos, por ejemplo, elaborando las correspondiente memorias económicas de cada real decreto desde la realidad presupuestaria y no desde el habitual voluntarismo de la coalición social comunista. Por ello, frente a la manipulación electoralista de la Cámara baja, sólo queda la denuncia firme de la oposición y la promesa, también firme, de que cambiarán las leyes para que reducir cada vez más espacios al aventurerismo político.