Fascismo en la universidad: exigimos una mejor financiación, pero también el cese de la represión

Los próximos días 4 y 5 de noviembre, las seis universidades públicas madrileñas iremos a la huelga una vez más. Esta convocatoria se suma a las que ya hicimos el año pasado (28 de abril, 26 y 27 de noviembre) y se integra, por supuesto, en el amplio ciclo de movilizaciones que comprende la larga huelga de las educadoras infantiles, el paro educativo indefinido que ha arrancado el 14 de octubre, la acampada de Sol por el derecho a la vivienda y, cómo no, la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Un periodo de luchas intenso, por tanto, en el que tenemos que volcarnos: los partidos de la izquierda parlamentaria parecen enfrascados en la enésima partida de mus electoral a la que nos tienen habituados, entre órdagos y golpes de efecto mediático, así que somos los movimientos sociales organizados quienes tendremos que dar la talla.Hasta ahora, el grueso de las reivindicaciones universitarias que ha trascendido a la opinión pública tiene que ver con cuestiones económicas. Exigimos, es verdad, que la Comunidad de Madrid cumpla con lo que establece la ley estatal, a saber, que se destine el 1% del PIB regional a la financiación de las universidades públicas. Actualmente, incluso tras el vergonzante acuerdo al que llegó la Conferencia de Rectores de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, nuestra Comunidad bordea el 0,45% del PIB, mientras que la media nacional se sitúa en el 0,75% y la media europea en el 0,92%. Es decir: pese a ser la región más rica del país, la Comunidad de Madrid es la que peor sufraga a sus universidades, condenándonos a la miseria, porque alberga el propósito de degradar el servicio público y privatizar masivamente el espacio de educación superior.Sin embargo, hay otro elemento que nos preocupa mucho y que debería pasar a ocupar el centro de nuestras reivindicaciones. Desde hace años, el clima de represión que se vive en las universidades no ha hecho sino crecer. La protesta estudiantil se topa con dificultades constantes: los rectorados y los decanatos establecen normativas cada vez más restrictivas para la pegada de carteles o para la celebración de actividades convocadas por asociaciones estudiantiles, la presencia policial en los campus aumenta, las empresas de seguridad actúan cada vez con mayor arbitrariedad —reprimiendo actos de protesta o exigiendo identificaciones injustificadas—, los grupos fascistas tratan de amedrentar a las asociaciones estudiantiles y se afanan en sabotear los diferentes actos reivindicativos que se organizan en las universidades… En definitiva, vivimos en una atmósfera represiva que cada vez se va volviendo más espesa.Ayer fue un día especialmente sangrante, porque hemos visto cómo un destacamento policial ha cargado de forma injustificada, salvaje y desproporcionada contra los estudiantes y trabajadores que se habían congregado en Ciudad Universitaria, ejerciendo el legítimo derecho de huelga. Las imágenes impresionan, aunque, tristemente, estamos empezando a naturalizar este tipo de actuaciones, porque se han convertido en la norma de los últimos años: el brutal empujón de un agente antidisturbios a una profesora jubilada en las movilizaciones de la Comunidad Valenciana, las cargas policiales contra las educadoras infantiles que se manifestaron hace meses frente a la Consejería de Educación, el ensañamiento contra las personas que se apostaron en la calle para parar el desahucio de Maricarmen… La lista de casos de brutalidad policial es infinita, porque no se trata de algo excepcional, sino normal. Lo preocupante de esto es que, como el filósofo Giorgio Agamben lleva años recordando, ésa es precisamente la lógica del campo de concentración: el estado de excepción permanente, normalizado, cotidiano.Es esa cotidianidad la que sienta las bases del fascismo. Y es esa cotidianidad la que debemos frenar en seco. La violencia policial que hemos visto este miércoles no podría haberse dado si antes no se hubiera producido un reguero constante de expresiones de fascismo social que se ha infiltrado de forma corrosiva en nuestros campus. Al mismo tiempo que estos sucesos se producían en la Universidad Complutense, por ejemplo, unos empleados de seguridad de la UAM se acercaron a dos compañeras que estaban vendiendo camisetas con el lema “universidad pública”, con el fin de hacer caja para afrontar los costes de la huelga que estamos preparando para inicios de noviembre. Cuestionaron su derecho a vender esas camisetas y les exigieron identificarse. Mientras tanto, sin embargo, había dos campañas publicitarias de sendas empresas en dos puntos del campus, a las que nadie ha puesto ningún obstáculo para vender sus productos. Productos que, por supuesto, no reclamaban más universidad pública, sino más dinero para corporaciones privadas.Por cierto: esos guardias de seguridad que ayer se encaraban con nuestras compañeras son los mismos que se dedicaron a vigilar un pasacampus que hicimos con motivo de la huelga de noviembre de 2025. Mientras recorríamos las facultades lanzando consignas en favor de la universidad pública, uno de estos agentes iba arrancando los carteles que colgábamos en las paredes del edificio de Biología. Cuando le indicamos que no podía hacer tal cosa, sacó a relucir un clásico comportamiento autoritario que ya documentó Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén y en Los orígenes del totalitarismo, que consiste en inventarse normas y autoridades inexistentes para respaldar un acto represivo carente de justificación: “El decano lo ha prohibido”, nos dijo; “Las normas de la facultad lo prohíben”, insistió. Pero ni el decano lo había prohibido, ni en las normas de la facultad se decía nada parecido. Una vez cuestionado por quienes, a sus ojos, resultábamos autoridades medianamente confiables —un profesor y otro guardia de seguridad que, según parece, mandaba más que él—, tuvo que retractarse y dejar que siguiéramos a lo nuestro.Y esos mismos guardias de seguridad son quienes, durante la huelga del 28 de abril de 2025, en el piquete informativo que hicimos frente a la estación de la Universidad Autónoma, asistieron impasibles a las embestidas de un grupo de unos 15 estudiantes neonazis que acudieron a sabotear nuestra concentración. Esas cargas, que resistimos como buenamente pudimos, acabaron con dos profesoras con lesiones leves y un estudiante con una lesión grave; hechos que nos obligaron a llamar a la Policía y que ahora mismo obran en conocimiento de la fiscalía. Pero, mientras tanto, quienes hicieron uso de semejante violencia, atentando contra el derecho de huelga, de reunión y de manifestación, siguen impunes, sin que la autoridad universitaria se haya dado por aludida: suponemos que la Gerencia de la Universidad, que conoce de sobra estos hechos, consideró que aquello no merecía ni su intervención ni la de la seguridad privada del campus.Los rectorados de las universidades madrileñas tienden a ponerse de perfil: alegan neutralidad, imparcialidad, desconocimiento o incompetencia.Esto me lleva a lo siguiente, que es fundamental: ¿qué están haciendo las autoridades universitarias ante esta deriva? ¿Les preocupa? ¿Les quita el sueño? Más bien no. En el mejor de los casos, los rectorados de las universidades madrileñas tienden a ponerse de perfil: alegan neutralidad, imparcialidad, desconocimiento o incompetencia. Esta clase de actitud sería grave por sí misma, porque no se puede argüir neutralidad ante el fascismo o el abuso de autoridad. Pero es aún peor, porque, con frecuencia, son las propias autoridades universitarias las que alimentan esta deriva represiva. El rectorado de la UAM, por ejemplo, suprimió el derecho de la sección sindical de CGT a enviar correos electrónicos a la plantilla y el estudiantado en abril de 2025, justo antes de una huelga y a resultas de las críticas que dicha sección había realizado contra la rectora —críticas que, por lo demás, deberían ser normales entre una fuerza sindical y la autoridad laboral correspondiente—. Esta revocación de permisos fue impugnada ante los Tribunales de lo Social, que le dieron la razón a CGT, y acaba de ser confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ratifica la primera sentencia y condena a la UAM al pago de indemnización y costas por vulneración de la libertad sindical.En definitiva: la fibra democrática de los rectores y su compromiso con los derechos humanos son más bien endebles. Una persona con convicciones democráticas robustas jamás hubiera consentido en adoptar una medida represiva como la del párrafo anterior. De hecho, hace apenas un mes, la misma rectora de la UAM y actual presidenta de la CRUMA, en el marco de la inauguración del presente curso académico, estaba pidiendo perdón a la Consejera de Educación por el ruido que estábamos haciendo en una concentración contra las políticas de infrafinanciación y privatización de la Comunidad de Madrid. La misma consejera, por cierto, que ha justificado las brutales cargas policiales de este miércoles en la Complutense. O sea, que entre la universidad en lucha por mejorar las condiciones del servicio que prestamos y las autoridades que llevan por lo menos quince años castigando a la universidad pública, la rectora decidió, una vez más, colocarse del lado de quienes tienen el poder. Como también lo hizo al censurar a la sección de CGT y como lo ha hecho en numerosas ocasiones frente a las asociaciones de estudiantes, que llevan años reclamando menor presencia policial y menos intrusiones de la seguridad privada.Por cierto, mientras nosotros gritábamos en esa concentración y la rectora pedía perdón por nuestras soflamas, varios estudiantes fascistas trataron de sabotear el acto de protesta; acto que habíamos registrado debidamente y que, por tanto, teníamos todo el derecho de desarrollar. En el fragor de los acontecimientos, acudieron algunos policías que, en primera instancia, otorgaron legitimidad a los estudiantes que habían venido a provocar y entorpecer la manifestación, pero que, poco después, invitaron amablemente a dichos estudiantes a abandonar el lugar. Sin embargo, ante la perseverancia de algunos de ellos, terminaron callando y otorgando. Al dirigirme a uno de aquellos policías y pedirle que, por el bien de la seguridad del acto, invitara a aquel grupo de fascistas a abandonar definitivamente la concentración, me dijo que “controlara yo a los míos”. Una afirmación que no sorprende, pero que sí revela, porque de ella se deriva que, entonces, ese policía estaba asumiendo que “los otros” —los fascistas que vinieron a hostigar una concentración legal, bandera imperial en ristre— eran “los suyos”.El ministro de Interior parece no darse por aludido cuando la Policía incurre día tras día en esta clase de comportamientos; y, en general, se va imponiendo una atmósfera de culto a la autoridad, reverencia hacia la jerarquía y obediencia irreflexiva.No sorprende, digo, porque es la misma conclusión que cabe extraer de la larga retahíla de intervenciones policiales arbitrarias a las que venimos asistiendo en los últimos años. Lo vimos hace unos días, cuando, embriagados de hispanidad, varios jóvenes fascistas trataron de atacar la acampada de Sol, y la policía allí apostada decidió arremeter contra los acampados, en vez de contra quienes entonaban el “Cara al sol” y agitaban banderas con aguilucho. Y lo vemos en todas las marchas, manifestaciones y concentraciones que organizamos en diferentes contextos. Pero, claro, todo esto se explica por un clima autoritario que se ha venido fomentando en múltiples niveles. El gobierno más-progresista-de-la-historia no ha abolido la ley mordaza, como dijo que iba a hacer; el ministro de Interior parece no darse por aludido cuando la Policía incurre día tras día en esta clase de comportamientos; y, en general, se va imponiendo una atmósfera de culto a la autoridad, reverencia hacia la jerarquía y obediencia irreflexiva.Una de las cosas que me espetó uno de los estudiantes fascistas que vino a entorpecer la concentración de hace un mes fue que “entendía m