
La tesis Defiende una seguridad sometida al control civil y orientada a proteger derechos, y sostiene que las actuaciones policiales y militares recientes exigen rendición de cuentas.
Uno de los grandes retos de las democracias del primer tercio del siglo XX fue la transformación de su modelo de orden público. Nos lo han contado muy bien especialistas como Diego Palacios, Sergio Vaquero o Rafael Cruz. Si en el paradigma predemocrático el objetivo prioritario era defender el Estado y mantener el orden, en el modelo democrático, lo nuclear es servir a la comunidad y respetar los derechos cívicos. Ya no se trata de blindar al Estado o al Rey, sino de proteger los derechos y libertades de las personas.
La ciudadanía deja de ser amenaza potencial u objeto pasivo de control y se convierte en sujeto de derechos y agente activo. Los conflictos no se abordan desde la fuerza para reprimir o disuadir. Se busca la mediación y la gestión pacífica. El ejército y las fuerzas de seguridad quedan bajo control civil y sometidos a mecanismos de rendición de cuentas. La conversión civil del Estado, que diría Charles Tilly, es un ingrediente fundamental de la democracia.
Ante una huelga, los poderes políticos dialogan. Si es necesario intervenir, acude la policía, pero sin sables ni máuseres. Las muertes ya no son el precio inevitable de cualquier protesta. El tránsito de un modelo a otro implicó medios, profesionalización, desmilitarización, neutralidad política y mecanismos claros para responder ante errores y excesos. Condiciones que siguen siendo necesarias y que vuelven intolerables algunas imágenes de los últimos tiempos.
El empujón a una profesora jubilada en Valencia. La pasividad ante el ataque de un grupo de manifestantes al coche de una diputada en Ceuta. La carga policial a un piquete pacífico de estudiantes en la Complutense. El grupo de legionarios jaleando a un Vito Quiles que grita “¡A por los rojos!” También conviene subrayar la actuación de algunos sindicatos policiales, como el mayoritario Jupol, que pide la dimisión del delegado de Gobierno por cuestionar la profesionalidad de los implicados en la carga de la Complutense o llama a “frenar la inseguridad, recuperar el principio de autoridad y acabar con la impunidad antes de que España llegue a una situación como la que vive Francia”.
Como si no tuvieran que rendir cuentas. Reivindicando una visión predemocrática del orden público. Un sindicato, conviene recordar, elevado de anécdota a categoría por quienes vieron en su reivindicación de la “equiparación salarial ya” una manera más de agitar el río creyendo que iban a pescar y confundiendo lícitas reclamaciones sectoriales con una bula general a planteamientos poco democráticos. La Policía merece respeto, pero la naturaleza de su función exige control.
Los partidos políticos harían bien en evitar la épica y el romanticismo que alimentan pulsiones incompatibles con la democracia.
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Texto íntegro de Pilar Mera, publicado en El País el 20 oct, 05:30. El Autómata lo recoge en su sección de Opinión sin cambiar una palabra; solo la tesis y el tema son nuestros, escritos por una inteligencia artificial. Leer en El País.
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