Lo que se juega el país

En las campañas electorales que entran dentro de la normalidad se ventilan las diferencias entre los partidos. Cada partido presenta sus propuestas y defiende su capacidad para llevarlas a cabo, a la vez que critica a sus rivales. Hay ocasiones, sin embargo, en que lo que se juega en la campaña es algo más que el programa político que se va a poner en marcha. Así ocurre cuando los partidos encarnan no sólo propuestas distintas, sino también valores y prácticas que van más allá de los programas electorales y tocan de llena las bases de la democracia.

La campaña del 29-N se mueve en este terreno excepcional. En estos años se ha producido una transformación significativa de la sociedad española y de muchas de sus élites (políticas, empresariales, periodísticas, intelectuales). Una transformación que resulta pavorosa y que no puede ignorarse, por incómodo que resulte hablar de ello. Se trata del regreso de la intolerancia, del deterioro de unos mínimos valores cívicos de reconocimiento mutuo y de una cierta exaltación de la rudeza y la brutalidad, en la forma y en el fondo.

No voy a negar que en las fuerzas de izquierda haya síntomas de esta misma tendencia, pero creo que en este caso la equidistancia no es defendible: la vida pública se ha vuelto irrespirable porque las derechas se han asilvestrado y abanderan un nacionalismo español cerril y mostrenco. El origen del problema es fácilmente identificable, con independencia de que luego se haya ido extendiendo. En muchos otros países se observa la misma tendencia. Nada mejor para entender la magnitud del cambio operado en España que comparar la reacción ante dos sucesos traumáticos como el atentado islamista del 11-M en 2004 y la entrada de 80.

000 inmigrantes en Ceuta en 2026. A diferencia de lo que sucedió en otros países que sufrieron ataques semejantes, el 11-M no desató una ola de violencia anti-árabe o anti-musulmana. En cambio, en la crisis de Ceuta hemos visto actitudes racistas y excluyentes en las manifestaciones populares, en los casos de maltrato protagonizados por las Fuerzas Armadas y en la indiferencia generalizada ante los 140 migrantes que murieron tratando de llegar a suelo español a nado.

No ha sido un episodio aislado. Durante estos últimos años hemos visto comportamientos que hace no tanto habrían sido impensables, tanto en la sociedad como en sus élites, y que erosionan las bases de la democracia. Se ha normalizado que en actos públicos y celebraciones privadas se cante el “Pedro Sánchez, hijo de puta”; no se olvide que fue Isabel Díaz Ayuso la primera en referirse así al presidente del Gobierno, adornándolo con la gracieta del “me gusta la fruta”.

Tan lamentable como eso fue el “que te vote Txapote” en la campaña electoral de 2023; cuando se le pidió a Alberto Núñez Feijóo que criticara el uso bastardo del etarra Txapote, se negó en redondo a hacerlo. Hemos visto a militares retirados pidiendo un golpe de Estado, a un sindicato policial contratando cursos de seguridad a la empresa de Dani Desokupa, a psiquiatras diagnosticando trastornos mentales del presidente del Gobierno, a jueces manifestándose con la toga en contra de una ley aprobada por el Congreso y al mismísimo rey de España recibiendo en Zarzuela a Eduardo Inda, responsable de unos de los diarios sensacionalistas que más ha contribuido a la degradación de nuestra esfera pública.

Hemos visto a Ramón Tamames, histórico dirigente del Partido Comunista de España en la Transición, prestarse a ser el candidato de Vox en la moción de censura. Y a un expresidente del Tribunal Constitucional pedir que se ponga en marcha el mecanismo constitucional para juzgar a Pedro Sánchez por traición. Y al Tribunal Supremo negándose a aplicar una ley orgánica (la de amnistía) con excusas de mal perdedor. Y son legión los analistas que a diario afirman que el presidente del Gobierno es un tirano.

Y, por si todo lo anterior no fuera suficiente, el PP, Vox y sus voceros lanzan dudas sobre la limpieza del proceso electoral. Una de las últimas manifestaciones del cambio que está experimentando el país ha sido la reacción social ante el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal. Por un lado, ha surgido una corriente profunda de solidaridad. La mayoría de la gente ha entendido que resulta una atrocidad dejar en la calle a una señora de 87 años en silla de ruedas.

Ha fallado la política, pero también la justicia y la administración. Esta repulsa ha provocado una reacción contraria, con multitud de voces denigrando y ridiculizando a la víctima del desahucio, acusándola de ser una aprovechada. En las versiones más delirantes, se ha hablado de que Pedro Sánchez eligió a Maricarmen en un casting para escenificar toda la operación y convocar elecciones por sorpresa. Y un eurodiputado de Vox reclamó que se practicara una autopsia a Maricarmen, deslizando la sospecha de que el Gobierno podría haber ordenado la muerte de la mujer por motivos electorales.

Ya no se puede salvar la situación diciendo que hay un abismo entre la opinión publicada y la opinión pública, o que los partidos y los medios emponzoñan la vida pública. Aquí se observa una realimentación constante entre una parte de la sociedad y sus líderes, con responsabilidades compartidas. Este ambiente desquiciado resulta incomprensible para los observadores extranjeros. No pueden entender la vesania con la que se habla del Gobierno. Nunca se había visto un divorcio tan fuerte entre el discurso derechista y los resultados objetivos del país.

En alguna ocasión he escrito en estas páginas que la política española se ha emancipado de la realidad y va por libre. Esta degradación política y social no es un fenómeno aislado. Se observa en otros muchos países. España se ha contagiado de una ola mundial que celebra la capacidad de herir con la palabra, la humillación del diferente y la exhibición desacomplejada de la indiferencia moral ante las personas vulnerables. Lo que se suponía que era la derecha conservadora no solo no ha se ha distanciado de esta tendencia, sino que en muchos casos se ha puesto al frente.

En la campaña electoral el país se juega muchas cosas, relativas a las políticas públicas, con consecuencias de todo tipo para la ciudadanía, pero también se dilucida una forma de entender la política y de resolver los conflictos sociales. Eso no había ocurrido en anteriores elecciones, o al menos no había ocurrido con la claridad con la que se plantea en esta ocasión. El Gobierno de coalición ha cometido errores, ha hecho políticas que han revuelto a mucha gente (sobre todo la amnistía), ha dejado pudrir el problema de la vivienda y ha tenido casos vergonzosos de corrupción; pero ha conseguido también grandes mejoras en el mercado de trabajo, pensiones, igualdad y economía.

Y ha adoptado una posición digna ante el genocidio palestino y ante las amenazas de Donald Trump. Como ha ocurrido con otros gobiernos anteriores, deberíamos hablar de todo ello con calma, intentando hacer una valoración razonada de logros y fracasos. Ese debate, sin embargo, se ha vuelto imposible. Las derechas han optado por una actitud de total deslegitimación que en muchos casos ha traspasado los límites de lo que resulta admisible en una sociedad basada en valores cívicos.

Lo que está en juego es si nos lanzamos por la pendiente de esa degradación o mantenemos vivos unos mínimos principios democráticos.