Francia ante el caos

Las escenas de destrucción en Francia, los saqueos en los comercios y el asalto a edificios públicos poco tienen que ver con las reclamaciones de los estudiantes, y sí con una voluntad de golpear los símbolos de la República y desestabilizar una democracia europea. La funesta jornada del 17 de octubre tardará en olvidarse. Lo que empezó con una convocatoria pacífica por las condiciones en la educación secundaria y el poder adquisitivo derivó en actos de una violencia inusitada provocados por una minoría.

Imágenes como la del Ayuntamiento de Limoges en llamas quedarán en la memoria como el momento en el que el caos se adueñó de un país. Pueden achacarse los hechos de estos días a la inacción del Gobierno ante las reivindicaciones sociales y estudiantiles, a la parálisis de un Emmanuel Macron que, tras una década en el poder, es un pato cojo sin margen de maniobra y visceralmente detestado por una parte de la sociedad, o a los bloqueos en una clase política que desde hace décadas ha aplazado las reformas para sacar a la economía del marasmo y reducir las brechas sociales.

Ninguno de estos debates debe esconder hoy lo esencial, y es que las protestas son legítimas y en muchos puntos, justificadas, pero la violencia nunca lo es. Francia ya ha acostumbrado al mundo a estas imágenes que en cualquier otra democracia serían inaceptables. Basta recordar las movilizaciones hace unos días en España por la crisis de la vivienda para entender que es posible expresar el descontento en las calles y reivindicar mejoras sociales sin necesidad de recurrir a la violencia, y es posible también canalizarlas en el debate político.

Otra particularidad francesa es la de unos cuerpos policiales con un largo historial en el empleo excesivo de la fuerza y que en otras ocasiones, como sucedió el sábado, no han logrado mantener el orden público y evitar el descontrol. Existe además toda una mitología revolucionaria que reemerge en cada movimiento social, como las protestas contra la reforma de las pensiones en los años recientes o los chalecos amarillos, y se remite a momentos que han marcado la identidad de este país, desde la toma de la Bastilla en 1789 y la Comuna de París hasta mayo de 1968.

Cuando la violencia exhibe el carácter nihilista de este fin de semana y atenta contra las instituciones públicas, hay un efecto corrosivo que no solo daña a causas y reivindicaciones justas, sino que toca de lleno a la convivencia y la paz civil. Decía Raymond Aron que los franceses son un pueblo que de vez en cuando hace revoluciones, pero nunca reformas. Después del 17 de octubre, queda claro que la respuesta a la constelación de malestares son las reformas, que es otra manera de decir la política.

La prioridad es el restablecimiento del orden, pero ni el presidente ni su Gobierno pueden mantenerse impasibles ante una sociedad en la que los estallidos son periódicos y cada vez más virulentos. Sin mayoría parlamentaria y con las cajas públicas vacías, la capacidad de acción es muy estrecha, pero no hacer nada significa dar más alas a los radicales. A quienes jalean los desórdenes y ven la ocasión para su soñada revolución pendiente, y a quienes, como Marine Le Pen, esperan sacar rédito electoral prometiendo ley y orden.

El vicepresidente de EE UU, J. D. Vance, no ha tardado en proclamar en las redes sociales que las imágenes de Francia es una advertencia sobre los peligros de una victoria demócrata en su país. El mensaje es parecido al de Donald Trump tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta este verano. Una crisis como esta es combustible para aquellos que, dentro y fuera de Europa, están embarcados en el proyecto de erosionar y destruir nuestras democracias, y aprovecharán cualquier oportunidad.