Francia, asaltada por la violencia

La ola de violencia que ha arrasado las calles francesas este fin de semana representa un ataque intolerable al orden republicano. Lo que comenzó como una movilización estudiantil contra el deterioro de las condiciones de vida ha desembocado en escenas de guerrilla urbana, saqueos organizados y destrucción de edificios públicos. El balance de 2.397 detenidos y 997 policías y gendarmes heridos refleja la magnitud de unos disturbios que han desbordado a las fuerzas de seguridad y sembrado el miedo entre los ciudadanos. La devastación del bulevar Magenta de París resume la deriva de las protestas. Mientras algunas personas se manifestaban pacíficamente, grupos encapuchados asaltaban establecimientos, arrancaban cámaras de vigilancia y robaban mercancías. Unos 1.500 negocios han resultado afectados en toda Francia. No estamos ante una expresión legítima de indignación social, sino ante un pillaje metódico que utiliza las reivindicaciones estudiantiles como coartada. Los principales perjudicados son precisamente los trabajadores y pequeños empresarios que sufren las consecuencias de la crisis. Uno de los episodios más estremecedores ha sido el incendio del Ayuntamiento de Limoges, una joya arquitectónica del siglo XIX cuya torre se ha derrumbado a causa de las llamas. Los incendiarios prendieron fuego al edificio cuando todavía había personas dentro. La destrucción de un símbolo de la República revela una violencia que parece encontrar su finalidad en la propia devastación. No se trata de reclamar derechos, sino de atacar las instituciones que los garantizan. Francia afronta además una inquietante radicalización ideológica. Las consignas contra la Policía y los ataques a los centros del poder expresan una hostilidad frontal hacia el Estado democrático. Emmanuel Macron ha señalado a grupúsculos de extrema izquierda, acompañados de delincuentes dedicados al saqueo. El líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, presente de nuevo en las movilizaciones, debe asumir que la explotación partidista del malestar contribuye a alimentar una espiral de desestabilización. La legítima protesta social no puede confundirse con quienes pretenden imponer sus objetivos mediante la intimidación. Macron ha prometido firmeza judicial y ha reconocido tanto la angustia de los jóvenes como los fallos del dispositivo policial. Defender el Estado de Derecho exige proteger a los ciudadanos, investigar los posibles abusos y castigar a los responsables de los destrozos. Francia necesita respuestas a su crisis social y económica, pero ninguna será posible si la violencia sustituye a la política y el vandalismo se impone a la convivencia.