El Senado, terreno de plebiscito

La oferta de Santiago Abascal al PP para concertar sus candidaturas al Senado no es una simple maniobra electoral. Constituye un movimiento de enorme profundidad estratégica que puede acelerar la transformación del sistema de partidos en España. Tras el acuerdo del PSOE con las fuerzas a su izquierda para concurrir en una lista común, la eventual respuesta de la derecha materializaría el plebiscito que Pedro Sánchez ha buscado imponer: dos bloques enfrentados y un espacio de centralidad cada vez más vacío.

La operación contiene riesgos. El PP, partido de gobierno y de vocación constitucional, arriesgaría su autonomía al vincular su proyecto al de Vox, de naturaleza populista. Incluso una coordinación técnica, sin coalición formal, transmitiría al electorado la imagen de una candidatura compartida. Y el socio menor suele salir perjudicado de estas maniobras. La decisión afecta, por tanto, a la identidad de ambas formaciones y a su campaña, no sólo al reparto de escaños.

Pero sería ingenuo ignorar las reglas que acaba de establecer la izquierda. La candidatura unitaria de Sánchez y sus socios en 43 provincias amenaza la mayoría de PP y Vox en la Cámara Alta. Concurriendo por separado, según la encuesta de Sigma Dos, pierden 15 escaños y no alcanzan los 3/5 que permiten el control total del Senado. Ante ello, la concentración del voto conservador en el PP aparece como respuesta natural, lo que obliga a Vox a mover ficha para evitar quedar relegado.

No puede exigirse a la derecha social que renuncie a competir en igualdad de condiciones mientras sus adversarios maximizan las ventajas del sistema electoral. Ésa es la encerrona estratégica que ha abierto el presidente. La gravedad del movimiento va mucho más allá de las urnas. La conformación de dos frentes anticipa una renovación del Tribunal Constitucional decidida por un bloque contra el otro, en lugar de mediante los acuerdos transversales que inspiraron el pacto de 1978.

El debate sobre la ley de nietos se desarrolla ya bajo esa sombra. Cuando la finalidad de los nombramientos deja de ser reflejar sensibilidades distintas y pasa a consistir en capturar al árbitro, se desnaturaliza el equilibrio institucional. La lógica de ocupación partidista alcanza también al CGPJ, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y otros órganos llamados a ejercer contrapesos, cuya independencia debe preservarse. La quiebra de aquella cultura de pactos no comenzó ayer, y lamentarla no basta para reconstruirla.

España necesita una alternancia efectiva, no una revancha de signo contrario. Si PP y Vox deciden entenderse, deberán explicar el alcance y los límites del acuerdo, sin convertirlo en una renuncia a los principios constitucionales. La cuestión decisiva no es sólo quién gana el Senado, sino si todavía será posible gobernar sin tratar las instituciones como un botín del vencedor.