El final de ETA que seguimos pagando

Que ETA haya dejado de asesinar es lo mejor que nos ha ocurrido en nuestra historia reciente. Nunca hemos vivido un tiempo mejor que este, sin la amenaza permanente de sus atentados. Nadie deseó con más fuerza que llegara este momento que las víctimas y sus familias. Durante décadas vivimos esperando la llamada que podía anunciar un nuevo asesinato, mirando debajo del coche, cambiando de itinerario, evitando determinadas rutinas y preguntándonos quién sería el siguiente asesinado.

Que todo aquello haya terminado es, sin ninguna duda, una gran noticia. Pero reconocer esta verdad no nos obliga a aceptar el relato construido sobre el final de ETA. Aquel no era el único desenlace posible ni fue el que merecíamos las víctimas y la sociedad. Se podía haber acabado con ETA utilizando exclusivamente las herramientas del Estado de derecho, sin negociación política y sin concesiones. No se hizo así. A principios de este siglo, y especialmente en los años anteriores a 2011, ETA estaba profundamente debilitada.

La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad había desarticulado gran parte de sus estructuras operativas, detenido sucesivamente a sus dirigentes, desmantelado comandos e impedido numerosos atentados. La organización terrorista estaba policialmente asfixiada y su capacidad para seguir matando se había reducido de forma drástica. Si se hubiera perseverado hasta el final por ese camino, su derrota habría podido ser total: operativa, política, social y moral.

Sin embargo, nuestros gobernantes optaron por negociar con la propia ETA las condiciones de su final. Esa decisión permitió a los terroristas protagonizar su desaparición, rodearse de avales internacionales y presentar el abandono de las armas como una decisión voluntaria y generosa, en lugar de como la consecuencia de su asfixia policial. La negociación trajo consigo importantes concesiones: la legalización de sus brazos políticos, excarcelaciones fraudulentas sustentadas en mentiras y trampas al Estado de derecho, decisiones judiciales y políticas que favorecieron la impunidad y la escenificación de un final «sin vencedores ni vencidos».

Es decir, nunca vimos una operación policial que culminara con la disolución definitiva de ETA porque, sencillamente, nunca se produjo. En su lugar, contemplamos cómo quienes habían dirigido, legitimado y apoyado el terrorismo recuperaban la normalidad política sin condenar su pasado ni asumir responsabilidad alguna por el inmenso e injusto daño causado. Hoy, quince años después del «cese definitivo», todavía pagamos las consecuencias de aquel final.

Las pagamos cuando centenares de asesinatos permanecen sin esclarecer y quienes disponen de información continúan amparados por la ley del silencio. Las pagamos cuando se conceden terceros grados y regímenes de semilibertad a presos de ETA burlando los requisitos legales, sin que hayan demostrado un arrepentimiento real ni roto con el entorno político y social que justificó sus crímenes. Y las pagamos cuando los herederos políticos de aquel entramado presentan su propia trayectoria como una contribución a la paz y pretenden que olvidemos todo lo que hicieron para sostener el terrorismo.

Luego hay quienes se sorprenden de la fortaleza electoral de EH Bildu y de que su pasado de complicidad con ETA no le haya supuesto ningún coste político. Pero ¿por qué habría de sorprendernos? El poder político en su conjunto ha contribuido a su blanqueamiento. Se ha normalizado su presencia institucional sin exigirle una condena del terrorismo, una revisión crítica de su pasado ni el reconocimiento de la injusticia radical de los asesinatos. Se ha llegado a llamar «hombres de paz» a quienes promovieron y dirigieron la violencia terrorista.

Se les ha permitido rentabilizar propagandísticamente el final de ETA hasta el punto de presentarse como sus impulsores. Casi parece que debamos agradecerles que finalmente decidieran dejar de matarnos. Y, sin embargo, siguen sin considerar injusta la trayectoria criminal de ETA. Continúan llamando «presos políticos» a los asesinos de nuestros familiares, organizando movilizaciones para exigir su excarcelación colectiva, exhibiendo sus fotografías y presentando su paso por la cárcel como un sacrificio heroico.

Honran a los terroristas porque siguen considerando que sus crímenes formaron parte de una lucha legítima. Cuando reclaman que estén «libres y en casa», lo que están afirmando es que no deberían estar en prisión por haber asesinado o ayudado a asesinar. ETA desapareció como organización terrorista, pero el proyecto político y el entramado social que la sostuvieron no fueron derrotados. Su relato conserva una enorme capacidad de influencia.

El terrorismo dejó de resultarles útil, pero quienes lo legitimaron han podido recoger parte de sus frutos políticos sin renunciar al marco ideológico que hizo posible aquella violencia. Esa es una de las consecuencias más graves de haber escenificado un final sin vencedores ni vencidos: se ha difuminado la responsabilidad de quienes ejercieron el terrorismo y de quienes lo justificaron. Las detenciones del pasado fin de semana en Irún de dos personas investigadas por un presunto delito de terrorismo son otra señal de alarma derivada de las consecuencias de cómo se produjo el final de ETA.

Se puso fin a sus atentados, pero no se logró deslegitimar el terrorismo ni las ideas que lo sostuvieron. Según las informaciones publicadas, los detenidos estarían vinculados a sectores radicales de la izquierda abertzale y tenían material sensible sobre las fuerzas de seguridad y la posible ubicación de armas y explosivos. La investigación deberá esclarecer los hechos, pero el caso vuelve a poner de manifiesto un riesgo que Covite lleva años denunciando: una parte de la sociedad vasca y navarra sigue profundamente radicalizada.

Nuestras denuncias sobre esa realidad han caído una y otra vez en saco roto ante quienes tienen autoridad y capacidad para actuar. Quince años de desidia e inacción institucional han permitido que la legitimación de la violencia siga proyectándose sobre el presente. Nuestros gobernantes proclaman que la democracia y el Estado de derecho derrotaron a ETA. Pero nunca una victoria declarada como tan rotunda ha resultado menos visible. Una ETA derrotada no habría protagonizado su propio final ni habría impuesto su relato propagandístico.

Sus dirigentes no habrían aparecido ante las cámaras como portavoces de una supuesta voluntad pacificadora. Sus herederos políticos no ocuparían las instituciones presentándose como artífices de la paz y la convivencia mientras siguen sin condenar los asesinatos. Tampoco han pedido perdón a las víctimas, salvo a aquellas respecto de las cuales sostienen que ETA «se confundió». Una distinción que constituye un ejercicio de cinismo mayúsculo y una humillación insoportable para las víctimas, porque implica que, al asesinar a todas las demás, ETA no se equivocó.

En definitiva, no debemos nada a quienes dirigieron ETA, jalearon sus asesinatos, proporcionaron al terrorismo sustento político e ideológico, señalaron a sus víctimas y condenaron después a sus familias al aislamiento y al ostracismo. No tenemos que darles las gracias por haber dejado de matarnos. Un país consciente del significado de sus víctimas del terrorismo jamás les concedería semejante gratitud. Si en este aniversario alguien merece el agradecimiento de la sociedad, son las víctimas.

Nunca nos tomamos la justicia por nuestra mano. Nunca respondimos a la violencia con más violencia. Confiamos en el Estado de derecho, incluso cuando no consiguió protegernos y pese a que nos haya decepcionado en demasiadas ocasiones. Con nuestra conducta rompimos la espiral de violencia a la que ETA pretendía arrastrarnos e impedimos que existiera ese «conflicto» entre dos bandos que los terroristas necesitaban para justificar sus crímenes.

Aquí nunca hubo dos violencias equivalentes ni dos bandos enfrentados. Aquí hubo terroristas y víctimas. Y fueron las víctimas quienes, con su dignidad, su contención y su comportamiento cívico, preservaron la convivencia que ahora otros pretenden atribuirse. Consuelo Ordóñez es presidenta de Covite