La credibilidad de las elecciones y la Junta Electoral Central

El gran hito de la democracia española en los últimos 40 años ha sido el profundo respeto -unánime y natural- que la sociedad ha mostrado hacia los resultados de las urnas. En otras palabras, durante la Transición, los españoles construyeron un régimen democrático que se inició, avanzó y consiguió forjar su estabilidad en la credibilidad de sus elecciones.

El referéndum de 15 de diciembre de 1976, que sancionó el proyecto de la Ley para la Reforma Política, fue el punto de inflexión que permitió transitar de la dictadura a la democracia. Más allá de abrir la vía a la Constitución de 1978, ese posicionamiento de la ciudadanía insufló a la vida pública un halo de legitimidad en forma de un sentimiento colectivo que históricamente había brillado por su ausencia en España.

En los años 70, las imágenes asociadas a las urnas eran radicalmente negativas: el temor al fraude en el proceso y el repudio a la manipulación de los resultados alimentaban en el inconsciente de la ciudadanía un recelo permanente hacia las votaciones. Por eso constituyó un éxito rotundo que bastaran unos comicios limpios en los que los herederos de la dictadura ofrecían al pueblo el protagonismo soberano, para que todo cambiara.

TE PUEDE INTERESAR

Opinión

En aquel referéndum, inicialmente rechazado por la oposición, se formularon tres grandes premisas que acabarían operando como un círculo virtuoso: Un sistema electoral consensuado que compensaba una base proporcional con elementos de corrección mayoritarios, una administración electoral vertebrada a partir de la Junta Electoral Central y el acatamiento por los partidos de unas reglas y prácticas recogidas primero en el Decreto Ley Electoral de 1977 y, más tarde, incorporadas a la Ley Electoral (LOREG), que evitaba que disputas puntuales erosionaran el modelo de fondo.

El logro más sólido de este engranaje ha sido un fenómeno de orden sociológico: la convicción generalizada de que las elecciones discurren según una lógica de normalidad democrática que no deja espacio al viejo pucherazo. Es decir, la certeza de que, más allá de las inevitables incidencias en cualquier comicio, los resultados siempre reflejan fielmente la voluntad popular. Una seguridad que dio pie a una conciencia social espontánea que otorgó una credibilidad indiscutible al sistema.

Hasta hoy, en España las elecciones han parecido creíbles a los ciudadanos porque tanto sus procedimientos como sus resultados son reconocidos como veraces por la inmensa mayoría.

Esta confianza reiterada ha habituado a la sociedad española a percibir el proceso electoral como un ejercicio limpio y honesto que reproduce la verdadera opinión democrática. No hay hiato entre lo que la colectividad imagina y el resultado de las urnas.

La credibilidad electoral es un valor que trasciende la mera veracidad objetiva; se ha arraigado profundamente en nuestra idiosincrasia y actúa como el verdadero sostén de la democracia española. Un activo que es necesario preservar, pero que en este momento se resiente de la presión de los actores políticos.

Episodios como las sospechas levantadas por la aplicación de la llamada "ley de nietos" -que ha llevado al Tribunal Supremo a reclamar la revisión de determinados aspectos del censo de nacionalizados- o como los recientes cuestionamientos del funcionamiento efectivo del voto por correo son temas que, en caso de no ser manejados con extrema prudencia, pueden poner en peligro la credibilidad del proceso.

La piedra de toque de esa credibilidad es la opinión pública: el verdadero riesgo no reside en que los litigios entre partidos rompan el sistema, sino en el desgaste que esas tensiones provoquen en su imagen social.

La Junta Electoral Central, como garante de la imparcialidad del proceso, es la pieza clave para reconducir estos choques al plano estrictamente jurídico. Su composición – ocho miembros designados por insaculación entre magistrados y cinco catedráticos elegidos por el Congreso- blinda esa neutralidad.

De su prudencia y del respeto con que los partidos acaten sus pronunciamientos va a depender que la credibilidad democrática siga viva en la sociedad española. Convendría no olvidarlo cada vez que se recurre a la crítica fácil.

* Eloy García es Catedrático de Derecho Constitucional.