José Carlos Díez, economista, sobre las pensiones: "El remedio es infinitamente mejor que la enfermedad"

La campaña comenzó centrada en la vivienda, pero ha pivotado a las pensiones. Pedro Sánchez, en un ejercicio más de cinismo, ha acusado al PP y a Vox de querer recortar las pensiones para asustar a más de nueve millones de pensionistas que tienen un alto porcentaje de participación en las elecciones y que siguen votando mayoritariamente a los dos grandes partidos que han gobernado España desde 1982. La realidad es que Pedro Sánchez era diputado en 2010 y votó a favor de los recortes de Zapatero: congelación de las pensiones, eliminación de la jubilación parcial, recorte del sueldo de los funcionarios, supresión de la retroactividad en las ayudas a la dependencia, eliminación del cheque bebé, recorte de la inversión pública, recorte de la ayuda al desarrollo, etc.

Como era previsible, tanto Núñez Feijóo como Santiago Abascal han confirmado que, si gobiernan, mantendrán la revalorización de las pensiones con el IPC para zanjar el debate en la campaña. Y el Gobierno, liderado por el vicepresidente económico Carlos Cuerpo, ha salido a los medios a defender la sostenibilidad del sistema de pensiones y a acusarnos a los que lo cuestionamos de agoreros y de fabricar bulos. Yo soy un gran defensor del sistema de pensiones público, que protege a los ciudadanos de las cuatro principales causas de pobreza: jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad. El actual sistema es de reparto y es clave mantenerlo para ejercer la equidad y cubrir pensiones que no pudieron cotizar suficiente para cobrarlas.

Mi madre tiene una pensión mínima no contributiva. Vino a Madrid a trabajar siendo muy joven del pueblo; nació en una familia muy humilde de agricultores con seis hermanos en Palencia. Cotizó pocos años, ya que, cuando se casó con mi padre, la obligó a dejar de trabajar, ya que estaba mal visto socialmente que las mujeres no estuvieran en casa cuidando de los hijos. Cuando llegó la democracia, mi madre se separó y se tuvo que poner de nuevo a trabajar. Su reincorporación al mercado de trabajo en plena crisis de los años setenta fue durísima, pero al final el mercado hizo justicia, prosperó y llegó a tener un buen puesto de secretaria de dirección con un buen salario. Trabajaba en una compañía de seguros de una empresa pública que se vendió; la despidieron con cincuenta años y el mercado ya no la volvió a reincorporar.

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A mi madre le salvó haber cotizado antes de 1960, cuando las bases de datos de la Seguridad Social no estaban bien detalladas y pudo acceder a una pensión mínima. Mi madre me dio tanto amor y me enseñó cómo cuidó de sus padres, y la vida le sonrió porque yo pude ir a la universidad, subir en el ascensor social a lo más alto y fui su plan de pensiones privado. Sin mi ayuda, mi madre malviviría y, sin el sistema público de pensiones, habría pasado hambre y miseria. Todo lo que voy a escribir a continuación es para proteger a Isabel, mi madre, y a las millones de Isabeles anónimas.

Los sistemas de reparto son muy sensibles a la evolución demográfica y necesitan reformas permanentes y mucha pedagogía social para mantenerse. Los problemas actuales del sistema de pensiones empezaron en 1973, cuando estalló la primera crisis del petróleo. Yo nací en 1971, junto con otros 665.000 niños. La economía mundial y la española entraron en una profunda crisis que duró una década y, en 1985, nacieron 450.000 niños. En 2024 nacieron 318.000 niños y un 25% de madre extranjera, la mitad que cuando yo nací. La mejora del sistema de salud durante nuestra democracia ha aumentado la esperanza de vida en España desde que yo nací en 14 años, pero nos seguimos jubilando a la misma edad, salvo el aumento que se aprobó en 2010 y que también votó a favor el cínico de Pedro Sánchez. Y, por último, España progresó mucho desde 1959 y la generación del baby boom mejoró mucho sus salarios.

Estas tres causas mezcladas hacen que hoy se jubilen más personas de las que fallecen y lo hacen con una pensión más alta. Solo estos dos efectos suponen un aumento del 3% anual del gasto en pensiones. Irá a más y es lo que genera un problema de sostenibilidad. A eso hay que sumar la precariedad salarial que ha provocado el modelo económico español desde el año 2000; atrae mucha inmigración y la concentra en segmentos de salarios bajos, lo que ha provocado que el salario más frecuente en España ya sea el salario mínimo. Todo esto ha llevado a la esquizofrénica situación de que el salario de los jóvenes que entran en el mercado de trabajo es menor que la pensión media de los nuevos pensionistas.

Con datos del Ministerio de Hacienda, cada año la Administración central le tiene que transferir dinero a la Seguridad Social para pagar pensiones. En 2017, antes de llegar Pedro Sánchez a Moncloa, la transferencia fue de 15.000 millones de euros, el 1,3% del PIB; el año pasado, tras ocho años de Pedro Sánchez en Moncloa, la transferencia fue de 50.000 millones, el 2,8% del PIB. El aumento tan brutal se debe a la reforma de 2021, que lideró José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España, que volvió a revalorizar las pensiones con el IPC. Que el Estado proteja de la inflación la pensión a mi madre, que está en situación de pobreza severa, bien explicado, lo apoyarían la mayoría de españoles que hemos demostrado de sobra ser solidarios, especialmente con nuestros mayores y especialmente con los que más lo necesitan.

Que el Estado proteja de la inflación a las pensiones máximas, que cobran uno de cada cuatro pensionistas asalariados, que están en el 10% de la población más rica y que encima les regale el abono transporte, la tarjeta dorada de Renfe y les haga descuentos en los paradores, es la medida más regresiva e injusta de la historia de la democracia y, bien explicado, la mayoría de los españoles que hemos demostrado desde 1975 ser extremadamente sensatos y prudentes estaríamos en contra.

El problema político es que los ciudadanos no somos conscientes de que nuestro sistema es de reparto y asumimos que tenemos derechos adquiridos, como si fuera un sistema de capitalización. Un sistema de capitalización es inviable: si yo ahorro en activos para mi pensión, no hay dinero para pagar la pensión de mi madre y, además, no permitiría pagar pensiones como la de madre, que no pudo cotizar los años necesarios. Además, nuestro sistema es muy generoso actuarialmente y, según un estudio de Fedea, los compromisos de pensiones públicas son un 60% mayores de lo que conseguirías invirtiendo el mismo dinero en un sistema privado.

La Comisión Europea exige a los institutos públicos de estadística calcular la deuda contingente de los actuales compromisos del sistema público de pensiones y, según el INE, en España sería el 500% del PIB. Desde 2009, que la Seguridad Social entró en déficit, la Administración central le ha transferido 500.000 millones de euros y la mayor parte se ha financiado emitiendo deuda pública, ya que el Estado desde 2008 tiene un déficit público crónico y la causa principal es el sistema público de pensiones.

¿Cómo se arregla este problemón que está hipotecando el presente y el futuro de nuestra economía? La Comisión Europea, el FMI, la OCDE, la AIReF y ya solo falta que lo diga el papa León XIV llevan muchos años advirtiendo de este problema que afecta a todos los países desarrollados y haciendo recomendaciones para resolverlo. Se necesita un plan integral que afecta a muchas variables: hay que contener el crecimiento del gasto de pensiones actual, hay que aumentar los salarios, hay que reducir la primera pensión de los nuevos pensionistas en porcentaje de su último salario, hay que facilitar al máximo el trabajo voluntario compatible con la jubilación y hay que incentivar lo más posible que los españoles invirtamos en planes de pensiones privados para complementar la pensión pública, que seguirá existiendo, pero necesariamente será inferior a la actual.

Hay dos formas de hacerlo. Los economistas recomendamos hacerlo de manera preventiva, sin traumas y gradualmente, para evitar el colapso del sistema el día que los inversores hagan estos cálculos sencillos que yo acabo de hacer. Todos los datos que he usado en este artículo son de fuentes oficiales obtenidos con la ayuda de la inteligencia artificial en menos de una hora y, este mismo análisis, lo puede hacer cualquier inversor del resto del mundo, que son los que nos prestan el dinero comprando nuestra deuda pública para pagar pensiones. Pedro Sánchez heredó ya el problema en 2018, pero le deja un legado infinitamente peor a su sucesor y, si los españoles deciden, como anticipan las encuestas, que haya alternancia, ya nos han dicho Núñez Feijóo y Santiago Abascal que no van a hacer nada para resolverlo.

Para proteger a mi madre y a todas las Isabeles que gracias al sistema público de pensiones no están en la indigencia, necesitamos políticos que dejen de mentirnos, afronten el desorden de nuestras pensiones y reduzcan la entropía para evitar que llegue el caos. Como nos enseñó Konrad Adenauer, el líder que sacó a Alemania del hoyo más profundo del nazismo: "La historia es la suma de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse".