Entre las protestas legítimas y el puro vandalismo, gana Le Pen

El pasado sábado, Francia vivió un gran episodio de violencia. Manifestantes enmascarados prendieron fuego a ayuntamientos y saquearon tiendas de telefonía, librerías especializadas en cómics y establecimientos de marcas de lujo en todo el país. Según fuentes oficiales, 1.000 policías y bomberos resultaron heridos y 2.400 personas fueron detenidas.

Ante la magnitud de los acontecimientos, el presidente Emmanuel Macron compareció en la televisión. Pero no dijo más que banalidades. Condenó la violencia. Señaló a sus instigadores de izquierda radical. Mostró su solidaridad con alcaldes y comerciantes. No anunció ninguna medida concreta. Su inanidad resultó insultante.

Ayer, Macron y el Gobierno recuperaron la iniciativa. Anunciaron toques de queda, ayudas por las pérdidas económicas, un aumento de la presencia policial e incontables reuniones con sindicatos, asociaciones de comerciantes y políticos locales. Pero más allá de la búsqueda de soluciones, en Francia domina hoy el reparto de culpas. Hay elecciones presidenciales en abril y todo el mundo quiere sacar provecho de lo sucedido. Marine Le Pen ha adoptado un tono durísimo pero presidencial. Jean-Luc Mélenchon alienta tácitamente el mantenimiento de la tensión. Ninguno de los dos dedica mucho tiempo a criticar al otro, porque la derecha y la izquierda radicales saben que lo que más les beneficia es el crecimiento de su rival más extremo.

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Macron y su Gobierno cometieron un enorme error al no prevenir que algo así podía suceder después de semanas de manifestaciones estudiantiles, a las que se han ido sumando sindicatos, transportistas, activistas y, finalmente, delincuentes comunes y fuerzas antisistema. El problema para Macron, y para todos los actores moderados, es que nadie tiene una solución creíble.

Por un lado, los estudiantes tienen parte de razón al denunciar un sistema educativo en declive y dominado por la falta de motivación. Pero el Estado francés está sufriendo una gran crisis fiscal. Hoy la deuda pública es del 120% del PIB, las cuentas han presentado déficits durante 52 años seguidos, este seguirá por encima del 5% en 2026, y el tipo de interés del bono a 10 años era ayer del 4,9%, el máximo en casi un cuarto de siglo. Macron y su primer ministro, Sébastien Lecornu, quieren aprobar un presupuesto para 2027 que incluye recortes por valor de 45.000 millones de euros. Ante la inminencia de las elecciones, ninguna fuerza política quiere prestarle su apoyo. Y el hecho es que no hay ni un euro que dedicar a gastos sobrevenidos, sean más profesores, sueldos más altos para estos o la construcción de nuevas escuelas. Muchos franceses sienten con razón que el coste de la vida se dispara y que cualquier gasto extra requiere un gran sacrificio mientras la élite sigue consumiendo lujo con ostentación.

Pero ahora el problema no son solo los estudiantes o los trabajadores a los que les cunde menos el dinero, sino los nihilistas que incendian y saquean. El Gobierno no dispone de dinero para los primeros, pero no tiene absolutamente nada que ofrecer a los segundos, porque estos no tienen reivindicaciones políticas, por mucho que hablen de la inflación. Solo quieren generar inestabilidad en el sistema, lucrarse personalmente —los asaltantes pusieron rápidamente en el mercado negro los teléfonos, las zapatillas y los bolsos de lujo que robaron— y beneficiar a Mélenchon, que desea una Francia ingobernable.

Un triunfo para Le Pen

Le Pen ha sabido interpretar esta crisis y presentarse como la presidenta de la legalidad, la que devolverá la dignidad a la clase trabajadora francesa y castigará sin piedad a todo aquel que altere el orden. Entre los incontables y un poco obscenos intentos de sacar el máximo rédito político al episodio, ella está ganando.

Hoy estas protestas se están contagiando a Italia y Bélgica, y no tardarán en llegar a España si la derecha gana las elecciones. Pero, al mismo tiempo, se están malinterpretando. El modelo socio-económico francés tiene muchos problemas, pero entre ellos no está la austeridad que denuncian los estudiantes, sino más bien lo contrario. Y, de hecho, Le Pen no pretende cambiar seriamente ese modelo socio-económico; ha anunciado que quiere mantener la edad de jubilación más baja de Europa y aumentar las subvenciones a la industria al tiempo que baja los impuestos; reducir hoy la llegada de inmigración ilegal y expulsar a los irregulares tendría un efecto mínimo en el sistema general. Le Pen no pretende reformar el Estado del bienestar, sino señalar a los supuestos culpables de su insostenibilidad. Los saqueadores, por su parte, desaparecerán muy pronto de la escena si la policía actúa con un mínimo de eficacia.

Las manifestaciones con episodios de violencia son un clásico de la política francesa, desde mayo de 1968 a los chalecos amarillos de 2019. Pero, en todo caso, las actuales pueden ser el penúltimo clavo en el ataúd electoral del centrismo europeo. El último, vista la inepta reacción de Macron, lo está clavando el propio centrismo.