El trágala electoral de Sánchez

El lunes pasado, festivo, el Supremo mantuvo la suspensión del derecho de voto de los nacionalizados por la ley de nietos, reprochando al Gobierno no haber acreditado la revisión de ningún expediente. Como por arte de magia, entre el miércoles y el jueves, los consulados tenían ya a su disposición un documento de Excel en la nube del Ministerio de Exteriores para ir volcando la información de los ficheros examinados.

Es un apaño provisional, pero ha permitido que todos los consulados estén ya trabajando y hace inevitable preguntarse por qué el Gobierno ha tardado más de un mes en poner en marcha algo tan simple. El Tribunal Supremo le ordenó el 10 de septiembre cribar quiénes, de entre los 163.020 nacionalizados por la ley de nietos e inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), reunían los requisitos para ser considerados descendientes de exiliados.

Parece evidente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentado imponer un trágala a los jueces del Supremo: incumplir su orden para forzarlos a aceptar el voto del colectivo completo como la solución menos mala, con el argumento de no perjudicar a quienes tuvieran derecho legítimo a votar, pero, al mismo tiempo, aparentar que intentaba cumplirla.

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Así, Exteriores remitió el contenido del auto de suspensión a los consulados y les anunció que desarrollaría una herramienta digital conectada con el Ministerio de Justicia y el Registro Civil para revisar los expedientes. Todo perfecto, salvo que las instrucciones operativas, los plazos y la prometida herramienta no habían llegado a los consulados cuando el Supremo confirmó la suspensión del voto el pasado lunes. Es cierto que, el 10 de septiembre, el escenario del adelanto electoral no estaba sobre la mesa del Gobierno, pero, cuando Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones el 5 de octubre, Exteriores siguió sin proporcionar a los consulados los medios que necesitaban para ejecutar la orden.

El Ejecutivo cuenta con juristas suficientes como para saber que su órdago era muy arriesgado, porque en cualquier Estado democrático el interés general, en este caso la integridad del censo electoral, pesa sobre el particular en caso de conflicto. El relato gubernamental desplegado es que los 163.020 nuevos nacionalizados con el derecho a voto suspendido no pueden tener una influencia determinante en el resultado electoral. Acuden a la participación en elecciones anteriores para defender que solo acudirá a las urnas alrededor de un 10% y que sus sufragios estarán, además, repartidos entre 52 circunscripciones.

La disyuntiva que Moncloa ha intentado plantear al Supremo se resume en una frase: "O yo o el caos"

Pero unos pocos cientos de votos pueden mover escaños y, con ellos, mayorías en un momento de bloques muy igualados. Como muestra, el último diputado de Girona en el 23-J fue a parar a Junts y no al PP por un margen de apenas 285 votos. Y Pedro Sánchez acabó gobernando gracias a los escaños del partido de Carles Puigdemont, al conseguir reunir siete escaños más que el ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo. El último diputado de Girona no fue la excepción. El de Cantabria acabó en Vox por un margen de 404 votos. En total, 13 escaños quedaron adjudicados el 23-J por un margen de menos de 3.000 votos.

El Gobierno maneja también todos estos datos y no podía desconocer que incumplir la orden del Supremo suponía poner en riesgo el voto no solo de los 163.020 nuevos nacionalizados por la ley de nietos, sino también de otros que se convirtieron en españoles desde la entrada en vigor de esa ley, a finales de 2022, y hasta que se implantó el Registro Civil electrónico en las oficinas consulares, a partir de septiembre de 2024. Dentro de esa bolsa parece que no es posible distinguir informáticamente a quienes se nacionalizaron por la ley de nietos de quienes lo lograron por otras vías. Hay que revisar mano a mano cada expediente.

El documento habilitado la semana pasada por Exteriores va a permitir cuantificar los ficheros revisados y determinar qué porcentaje suponen del total, pero no va a permitir que todos estén cribados en plazo porque no hay tiempo. El CERA que recibirá el Supremo estará contaminado.

La disyuntiva que Moncloa ha intentado plantear al Supremo se resume en una frase: "O yo o el caos". Y ahí estamos ahora. El Supremo -encargado de velar por la legalidad- no parece dispuesto a dejarse amedrentar por órdagos ni aunque lleguen de la Presidencia del Gobierno. La pregunta es si Pedro Sánchez va a aceptar la decisión que adopte el alto tribunal para asegurar la integridad del censo o si su plan B es usarla como argumento para cuestionar el resultado en caso de derrota el 29-N.