El Estado de bienestar no compra la paz social

Francia arde y buena parte de la izquierda ya ha encontrado al culpable: casi una década de macronismo neoliberal que, a golpe de recortes, habría vaciado los servicios públicos y hundido las condiciones de vida de los franceses. Ayuntamientos incendiados, institutos calcinados y comercios saqueados ... serían, pues, la respuesta lógica (aunque quizá algo exaltada) de una sociedad a la que se le ha arrebatado su Estado de bienestar. El problema es que este relato no resiste el menor contraste con los datos.

En 2025, el gasto público francés alcanzó el 57,2 por ciento del PIB: junto con Finlandia, el más alto de toda la UE, cuya media (ya de por sí elevadísima en términos internacionales) se sitúa en el 49,5 por ciento. Solo en prestaciones sociales, Francia desembolsa más de 930.000 millones de euros anuales, cerca del 32 por ciento de su PIB frente al 27 por ciento europeo. Y lejos de estar menguando, ese gasto aumentó el año pasado en 41.400 millones de euros, más deprisa que la economía, de modo que su peso pasó del 57 por ciento al 57,2 del PIB.

Es más, ni siquiera se está pagando íntegramente con impuestos: el déficit sigue por encima del 5 por ciento y la deuda se encamina hacia el 120 por ciento del PIB.Y si el problema no es la falta de recursos, ¿cuál es? Basta con mirar al servicio público donde nació la revuelta. Francia dedica a la educación casi 200.000 millones de euros, el 6,7 por ciento de su PIB, y aun así sus liceos acumulaban aulas saturadas y profesores sin sustituir. Cuando el ministro del ramo anunció su plan de choque contra las protestas, los 3.

000 docentes que envió a los centros con más carencias no eran nuevas contrataciones, sino titulares que ya cobraban del Estado sin tener ninguna clase asignada. Bastó con destinarlos para que los institutos en situación crítica pasaran de 114 a menos de 50 en apenas una semana. No faltaba dinero: sobraba desorganización. Lo que le falta al Estado francés no son recursos, sino eficiencia.En suma, durante décadas se nos ha repetido que un Estado de bienestar generoso es el precio de la paz social y que desmantelarlo equivale a incendiar las calles.

Francia, sin embargo, encadena los disturbios de 2005, los chalecos amarillos de 2018, la oleada de 2023 y la actual pese a contar con uno de los Estados más grandes del planeta. Lo que su gasto ha comprado no es concordia, sino una Administración que lo promete todo, no consigue nada y alimenta la frustración de expectativas incumplidas. Es en esos contextos de descontento en los que siempre habrá quien, como la extrema izquierda de Mélenchon, esté dispuesto a convertir esa frustración en violencia para conquistar mesiánicamente el poder.

Pero si la historia nos sirve de guía, el caos de la violencia revolucionaria suele ir seguido de la promesa de restablecimiento del orden por parte de la represión contrarrevolucionaria: acaso por ello, el vandalismo haya apuntalado las perspectivas electorales de Le Pen y no de Mélenchon.