
La tesis Defiende reformas permanentes para sostener el Estado del bienestar y advierte de que Francia y España eluden decisiones necesarias sobre gasto público, pensiones, productividad y vivienda.
Las protestas recorren Europa y expresan un malestar profundo ante el encarecimiento de la vida, particularmente de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de confianza en el futuro. En Francia, sin embargo, ese descontento ha desembocado también en graves episodios de violencia que revelan hasta qué punto puede deteriorarse la convivencia cuando la política no ofrece respuestas. Comprender las causas del malestar no puede llevar a justificar los saqueos ni a dar por buenas todas las reivindicaciones.
Francia ofrece una lección sobre los límites del Estado del bienestar. Con una deuda pública superior al 115% del PIB y un gasto elefantiásico, necesita desde hace tiempo reformas estructurales que sus principales fuerzas políticas rehúyen. La izquierda se resiste a revisar determinadas prestaciones y la derecha tampoco escapa a la tentación de las promesas populistas. La controversia sobre las pensiones lo ilustra bien: retrasar la edad de jubilación es impopular, pero el envejecimiento demográfico obliga a tomar decisiones.
Las reformas no pueden limitarse a responder a las crisis. Deben ser permanentes para mejorar la productividad, racionalizar el sector público, eliminar trabas burocráticas y garantizar la sostenibilidad del estado del bienestar. La sanidad, la educación o las pensiones públicas se defienden haciendo posible que sigan financiándose. Aquí el espejo francés nos devuelve una imagen reconocible de España. También falta voluntad reformista. La derecha tiende a confundir el conservadurismo con no tocar nada, mientras la izquierda habla de derechos sociales sin explicar cómo se financian.
Entretanto, acceder a una vivienda se ha convertido en una quimera para la mayoría de los jóvenes, cuyos salarios son bajos. Pero la crisis francesa no es solo económica. También está en juego la identidad nacional. El islamismo integrista es un separatismo ideológico que cuestiona la laicidad, la igualdad ante la ley y la existencia de una ciudadanía común. Distinguirlo del conjunto de los musulmanes franceses es indispensable; ignorar el problema que plantea a la cohesión nacional, no.
España conoce otra expresión de esa fractura. Aquí, el cuestionamiento de la identidad compartida procede sobre todo de nacionalismos separatistas que hacen de la ruptura territorial su horizonte político. Los contextos son distintos, pero la cuestión de fondo se parece. De cara a las elecciones del 29N, convendría no olvidar estas lecciones. España necesita reformas que permitan sostener los servicios y las prestaciones públicas, mejorar la productividad para aumentar los salarios y construir vivienda para garantizar un derecho básico.
Pero también defender la convivencia y un proyecto compartido.
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Texto íntegro de Joaquim Coll, publicado en 20minutos el 20 oct, 05:00. El Autómata lo recoge en su sección de Opinión sin cambiar una palabra; solo la tesis y el tema son nuestros, escritos por una inteligencia artificial. Leer en 20minutos.
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