Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado con Ruanda crear un centro de retorno para solicitantes de asilo rechazados, el primero de este tipo fuera del territorio de la Unión Europea. El canciller austriaco, Christian Stocker, lo anunció este lunes en Viena, en la conferencia anual sobre migración, tras reunirse con los ministros del Interior de Ruanda y de los cinco países europeos.
«Austria, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Grecia quieren inaugurar juntos en 2027 el primer centro de retorno en Ruanda», dijo Stocker, que habló de un «cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria» de la UE. Según el canciller, el objetivo es «privar a los traficantes de su inhumano modelo de negocio y evitar así las muertes en el Mediterráneo». Defendió también que las personas sin derecho de residencia que no puedan volver a su país de origen sean enviadas a un tercer país, «por ejemplo, Ruanda».
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el acuerdo de «paso crucial hacia un nuevo sistema migratorio que salvaguarda la cohesión de nuestras sociedades». El Gobierno danés explicó que el centro solo se usará para migrantes en situación irregular en uno de los cinco Estados y sujetos a una decisión ejecutable de retorno o expulsión. Según Copenhague, podrán integrarse en la sociedad ruandesa o marcharse voluntariamente a su país de origen o a cualquier otro al que puedan viajar legalmente.
La Comisión Europea saludó la iniciativa antes del anuncio. El portavoz de Interior y Migración, Markus Lammert, dijo en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario que Bruselas «celebra» el proyecto y que sus servicios han «seguido de cerca» los trabajos preparatorios. Añadió que el enfoque «puede contribuir a abordar la migración irregular y a mejorar la eficacia de los retornos, respetando plenamente el Derecho de la UE y el Derecho internacional». La Comisión toma nota además de las medidas previstas para garantizar el respeto de los derechos humanos y la cooperación con los organismos de Naciones Unidas.
Bruselas espera a conocer los detalles antes de evaluar la propuesta y de aclarar si podrá destinar fondos europeos. Lammert señaló que, «en principio, corresponde a los Estados miembro financiar» estos centros, aunque la UE podría dar «apoyo para medidas complementarias» que se valorarían «caso por caso». La iniciativa no es oficialmente un proyecto de la UE. Se apoya en el nuevo reglamento europeo de retornos, que permite a los Estados pactar centros en terceros países y contra el que votó España por las dudas legales sobre ellos. Más de una veintena de Estados miembros respaldan el plan, mientras que España y Francia son los gobiernos que más lo han criticado.
Los cinco países quieren empezar a principios de 2027 con una fase de prueba a pequeña escala. El primer centro tendría unas cien plazas simultáneas, con rotación continua, y sería un recinto de puertas abiertas, no de detención. Según los promotores, nadie permanecería más de dos meses. El plan incluye a hombres y mujeres, pero no a menores no acompañados, y la Comisión participaría como observadora. Las personas trasladadas recibirían un permiso de residencia legal, con acceso al empleo, formación y vivienda, además de ayuda para volver a su país o a otro donde tengan residencia legal. Los impulsores sostienen que la responsabilidad legal de los Estados europeos terminaría con el traslado.
El coste no está definido, porque el acuerdo aún no está cerrado por escrito. Los países interesados afirman que no será desorbitado y que se limitará a la manutención de los trasladados, más barata que en Europa. A cambio, Ruanda firmaría acuerdos preferentes de inversión y desarrollo con los cinco. Los organizadores prevén una fuerte batalla judicial ante tribunales nacionales e internacionales, entre ellos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay precedentes: el plan del Reino Unido para enviar migrantes a Ruanda quedó paralizado en los tribunales, el proyecto danés se congeló y el de Italia en Albania, que tramitaba solicitudes de asilo y no ejecutaba retornos, también fue detenido por los jueces.
Las organizaciones de derechos humanos rechazan el plan. Clementine de Montjoye, investigadora sénior sobre África de Human Rights Watch, afirma que estos centros son «la última muestra cínica del afán de la UE por trasladar sus responsabilidades a otros países». Añade que pagar a Kigali financiaría y daría influencia política a un Gobierno al que la organización acusa de graves abusos. Chiara Catelli, de la plataforma PICUM, sostiene que «ningún eufemismo puede ocultar la violencia» de enviar a personas a un país que no conocen. Augura que se enfrentarán a indigencia y explotación y que intentarán volver a desplazarse, posiblemente mediante redes de tráfico.
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