La Unión Europea se dirige a romper otro tabú en inmigración. Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria abrirán en Ruanda el primer campo de deportación de migrantes fuera de las fronteras de la UE. “Queremos crear en 2027, juntos, el primer centro de retorno en Ruanda”, ha anunciado este lunes en Viena el canciller austriaco, Christian Stocker, a...
compañado de representantes de los países participantes. Entre ellos, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que ha calificado el proyecto como un “paso crucial hacia un nuevo sistema migratorio”, que salvaguardará la cohesión de las sociedades europeas.
“Recuperaremos el control de nuestras fronteras”, ha lanzado la socialdemócrata danesa, una de las voces europeas más duras sobre migración, que ha pilotado personalmente el acuerdo y hace presión en la UE para que se endurezcan las políticas sobre quienes llegan desde fuera de Europa.
La idea es que el centro en Ruanda sea un proyecto piloto que pueda replicarse. Allí o en otros lugares. Lo que está claro por ahora es que el acuerdo con Kigali consagra la deriva restrictiva de la UE sobre migración. Coincide, además, con un súper ciclo electoral en varios países de Europa en los que las llegadas de extranjeros son un tema polarizado y alimento para la extrema derecha anti inmigración, pese a que las llegadas irregulares a la UE están en sus cifras más bajas (de media) en mucho tiempo. Con los campos de deportación —o “centros de retorno”, como lo denominan los Gobiernos que apuestan por esa y otras “soluciones innovadoras”, usando sus propias palabras— los países participantes quieren mostrar mano dura y, sobre todo, que la gestión debe hacerse fuera de las fronteras comunitarias.
Los críticos, entre los que están Gobiernos como el de Francia y España, organizaciones de derechos humanos e incluso el Consejo de Europa, aseguran que esos centros son problemáticos y, además, no son rentables. “Son cuestionables desde el punto de vista jurídico, suponen un riesgo geopolítico y entrañan graves riesgos para los derechos humanos. Son excesivamente costosos y su supuesto efecto disuasorio no está demostrado. Su objetivo es apaciguar el sentimiento antimigratorio, en lugar de buscar una gestión adecuada de la migración”, han reiterado en este sentido los relatores para cuestiones migratorias de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) en un comunicado. De hecho, Reino Unido ya había diseñado un proyecto similar en Ruanda que terminó aparcando por decisión del Tribunal Supremo, recuerdan. El de los cinco países europeos solo se aplicará, a diferencia del de Londres, a los migrantes que hayan agotado todas las vías legales para permanecer en la UE y que tienen pendiente una orden de retorno que sus países de origen se niegan a cumplir, y no a aquellos cuyas solicitudes todavía estén siendo tramitadas.
El acuerdo con el país africano no es oficialmente aún un proyecto de todo el club comunitario, pero cuenta con el visto bueno de Bruselas. “Saludamos esta iniciativa”, ha dicho un portavoz de la UE, según el cual el Ejecutivo europeo ha “seguido de cerca” los preparativos del proyecto que lideran estos cinco países y que cuenta con el respaldo de más de una veintena de los Estados miembros.
“Valoramos positivamente los esfuerzos realizados y tomamos nota de la minuciosa labor preparatoria, incluida la destinada a garantizar el respeto de los derechos humanos y la estrecha cooperación con los organismos de las Naciones Unidas en este proceso”, ha remarcado el portavoz comunitario, que ha recordado que “lograr que el sistema de retorno de la UE sea más eficaz es una prioridad para la Comisión”.
El proyecto en Ruanda debería ver la luz en 2027, año para el que los países participantes quieren empezar a enviar a migrantes con orden de expulsión. Inicialmente se calcula que el proyecto piloto ruandés, que se califica como un “centro de acogida” donde los deportados solo deberían pasar una temporada corta, pueda recibir a un centenar de personas.
Aunque las nuevas reglas europeas —endurecidas y aprobadas con apoyo de la extrema derecha— permiten que las familias con menores (aunque no los menores no acompañados) puedan ser llevados a terceros países como Ruanda, inicialmente este primer centro solo recibirá adultos, hombres y, posiblemente, también mujeres. Las cinco capitales impulsoras son enfáticas: se trata de empezar a pequeña escala, comprobar que todos los mecanismos y salvaguardas funcionan para, más adelante, ampliar su escala y, previsiblemente, también crear nuevos centros, bien en Ruanda o en otro país.
El centro no estará cerrado, “no será una prisión” y deberá procesar a los llegados, que podrán decidir si bien intentan integrarse en Ruanda, obteniendo un permiso de residencia y buscando un trabajo, o prefieren finalmente regresar a su país de origen. Según el ministro de Exteriores holandés, Tom Berendsen, los migrantes tendrán “una oportunidad nueva de integrarse en la sociedad ruandesa y construir un nuevo futuro” si así lo desean.
No obstante, el ministro ruandés del Interior, Vincent Biruta, que ha asistido a la rueda de prensa conjunta en la que se ha descrito un proyecto del que todavía quedan bastantes detalles por cerrar, ha asegurado su disposición a recibir a los migrantes rechazados por Europa, pero ha dejado claro que su país espera que la gran mayoría acabe por regresar a sus países de origen. “No estamos planeando que se realojen por miles en nuestro país”, ha aclarado.
En cualquier caso, ha subrayado la primera ministra danesa, no se trata solo de las cifras finales de personas deportadas a Ruanda, sino de enviar una “señal” contundente. “No es solo devolver a individuos”, ha dicho. “La señal que estamos enviando es que ya no se podrá seguir entrando ilegalmente en Europa”, ha aseverado Frederiksen, que cree que el acuerdo tiene también un componente disuasorio. “La cifra más importante es la que nunca veremos, porque ojalá no empiecen el viaje”, ha rematado.
Los países participantes también se han querido distanciar de proyectos similares anteriores que han fracasado, como el de Reino Unido también en Ruanda. “No es comparable” con la iniciativa británica, ha subrayado el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrint. Según ha indicado, no se trata de delegar en terceros países el proceso de asilo, sino de dar “una perspectiva en otro país” a personas que, una vez procesadas y rechazadas sus demandas en Europa, no pueden permanecer más en el territorio y no quieren, o no pueden, regresar a su país de origen. Todos evitan hablar de cuánto costará el proyecto y se limitan a asegurar que también sale caro a los contribuyentes europeos mantener a las personas sin permiso en los países de la UE.
Pese a que aún faltan detalles, varias organizaciones internacionales han denunciado ya tanto la iniciativa en sí como el país elegido para lanzar este proyecto. “Los centros de deportación extraterritoriales son la última muestra cínica del afán de la UE por trasladar sus responsabilidades a otros países”, afirma Clementine de Montjoye, investigadora sénior sobre África y experta en Ruanda de la organización Human Rights Watch. “Pagar a Kigali para que acoja un programa de deportación no solo causaría sufrimiento y daño a las personas deportadas, sino que además financiaría y proporcionaría influencia política a un Gobierno responsable de graves abusos contra los derechos humanos tanto en su propio país como en el extranjero”, advierte.
Los cinco países organizadores han enfatizado en los meses previos, durante las reuniones para concretar el proyecto, que este se basará en la legislación europea y que se comprometen a cumplir estrictamente el derecho humanitario internacional. Aseguran además que se establecerá un mecanismo de vigilancia independiente que garantice la protección de estos derechos.
También Bruselas considera que el proyecto, al que se dice dispuesta a prestar apoyo “caso por caso y a petición de los Estados” miembros, cumple los estándares internacionales: “Este enfoque innovador puede contribuir a hacer frente a la migración ilegal y a mejorar la eficacia de los retornos, respetando plenamente el Derecho de la UE y el Derecho internacional”, ha aseverado el portavoz en la rueda de prensa diaria de la Comisión.