Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Grecia y Austria han firmado un acuerdo con Ruanda para que este país acoja el primer "centro de retorno" de inmigrantes expulsados de la Unión Europea. La intención es que los traslados comiencen en 2027 y el pacto ha recibido el impulso clave del canciller Friedrich Merz y la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen.
"Los retornos son un pilar fundamental de un sistema migratorio creíble y eficaz. Sin embargo, ni mucho menos todos los migrantes que permanecen ilegalmente en la UE abandonan efectivamente su territorio conforme a una decisión de retorno. El modelo de centros de retorno puede contribuir a cerrar esta brecha y desmantelar el modelo de negocio de los traficantes de migrantes", explican desde el gobierno danés.
La firma oficial del pacto ha tenido lugar este lunes en Viena, aunque desde la Comisión Europea ya han adelantado que acogen con "satisfacción los esfuerzos realizados". "Tomamos nota del cuidadoso trabajo preparatorio, también en lo que respecta a garantizar el respeto de los derechos humanos y la estrecha cooperación con las agencias de Naciones Unidas durante este proceso. Hacer más eficaz el sistema de retornos de la UE es una prioridad para la Comisión", ha señalado esta mañana un portavoz del Ejecutivo comunitario.
La previsión es que el centro inicial tenga capacidad para 100 personas, y "únicamente se utilizará para migrantes que permanezcan ilegalmente en uno de los cinco Estados miembros de la UE y estén sujetos a una decisión ejecutable de retorno o expulsión", añaden desde el Ejecutivo danés. El coste todavía no está definido, aunque será asumido por los países europeos firmantes pero sin descartar que Bruselas pueda "proporcionar apoyo para medidas complementarias", según la propia Comisión.
"El modelo ofrecerá una nueva oportunidad a quienes no tienen permitido permanecer en la UE. Tendrán la posibilidad de integrarse en la sociedad ruandesa. También podrán abandonar voluntariamente Ruanda para regresar a su país de origen o trasladarse a cualquier otro país al que puedan viajar legalmente", exponen desde Copenhague.
Durante la rueda de prensa de presentación del pacto, el canciller austríaco, Christian Stocker, ha sido muy tajante sobre lo fundamental que es para la UE la implantación de estos centros. En su opinión, suponen un "cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria". "Porque si las personas sin derecho de residencia en la Unión Europea no pueden ser expulsadas del país, todo nuestro sistema de asilo se convierte en un absurdo. Y, por lo tanto, no lo vamos a permitir", ha incidido, para a continuación subrayar un argumento que cada vez está más extendido en Europa: "Debemos ser los dueños de nuestra propia casa".
El Ejecutivo de Ruanda, por su parte, destaca que el país es "acogedor para los refugiados y los migrantes". "Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios europeos para ofrecer una solución segura, legal y digna a los migrantes y, al mismo tiempo, contribuir a corregir el desequilibrio mundial en las oportunidades económicas", añaden.
El ejemplo Meloni y el rechazo de España
La firma de este acuerdo supone, además, el establecimiento definitivo de los centros Meloni. Las instalaciones de retorno no son exactamente lo mismo, pero sin duda están inspiradas en el modelo de la primera ministra de Italia. Cuando la responsable italiana lo planteó por primera vez pareció casi una excentricidad y una solución extremista, pero lo cierto es que buena parte de los países y la propia Comisión Europea lo han abrazado.
España, en cambio, es casi el único país que lo rechaza y, desde luego, el que más enérgicamente lo hace. Francia también lo ha hecho, pero el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha convertido su radical posición contraria en bandera.