La Unión Europea aprobó este lunes nuevas sanciones contra 145 personas y entidades vinculadas a Rusia, en la reunión de ministros de Exteriores celebrada en Bruselas. El Consejo de la UE dividió las medidas en dos paquetes: 113 inclusiones para reducir la capacidad rusa de financiar la guerra en Ucrania y 32 por actividades híbridas que los Veintisiete atribuyen a Moscú.
Los incluidos en las listas verán congelados sus activos en territorio comunitario, y los ciudadanos y las empresas de la UE tendrán prohibido ponerles a su disposición fondos o recursos económicos. A las personas físicas sancionadas se les impide además entrar en los Estados miembros o transitar por ellos.
El paquete vinculado a la guerra alcanza a 12 personas y 101 entidades. Entre ellas hay cerca de medio centenar de bancos e instituciones financieras rusas. Con esas inclusiones, según el Consejo, se pretende cortar «los canales financieros» que procesan los ingresos estatales y «financian el esfuerzo bélico de Rusia». La lista recoge también empresas energéticas que operan refinerías, gestionan la terminal petrolera de San Petersburgo o participan en la exploración y producción de hidrocarburos. Figuran, además, el accionista único de Wildberries y una persona que controla la participación mayoritaria en Ozon, dos grandes compañías rusas de comercio electrónico.
Las medidas se dirigen igualmente a la denominada flota fantasma, la red de buques con la que, según la UE, Rusia sortea las restricciones europeas a la exportación de energía. Se sanciona a empresas de Emiratos Árabes Unidos, China, Seychelles y Omán que compran productos petrolíferos de origen ruso, y a empresarios que poseen o gestionan buques sujetos a restricciones del bloque. El Consejo afirma que algunos de esos buques realizan actividades de transporte marítimo de alto riesgo.
El segundo paquete incluye a 30 personas y dos entidades por campañas de manipulación informativa, operaciones de injerencia y ciberataques contra países de la UE. Una de las entidades es la Agencia de Diseño Social, una empresa de relaciones públicas y tecnología política con sede en Moscú. Según los Veintisiete, desarrolla campañas de desinformación financiadas, dirigidas y supervisadas por la Administración Presidencial rusa, y las ha dirigido contra países e instituciones comunitarios. Con ella se sanciona a 24 personas vinculadas a la agencia y a varios propagandistas, entre ellos Vitali Eliseev, Petr Marchenko, Yuri Podoliaka y Chay Bowes, de RT International, por difundir narrativas que justifican la invasión de Ucrania.
La otra entidad es NoName057(16), un grupo de piratas informáticos prorruso surgido en marzo de 2022. Los Estados miembros le atribuyen ataques de denegación de servicio contra páginas web y servicios de sectores como la energía, las finanzas, el transporte y el suministro de agua, así como contra partidos y candidatos en procesos electorales.
La reunión estuvo marcada por las alertas de varios países fronterizos con Rusia. El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tahkna, aseguró a su llegada que su Gobierno atribuye públicamente a los servicios secretos rusos un intento de sabotaje contra la industria de defensa estonia. Estonia anunció el cierre de su frontera tras ese episodio. Tahkna advirtió de que Europa debe prepararse para «intentos de ataque aún más serios» de naturaleza híbrida y señaló que el cierre fronterizo no impide que Rusia contrate o reclute a personas en Letonia, Estonia u otros lugares para cometer ataques «por relativamente poco dinero». Su homólogo rumano, Dan Neculaescu, dijo que su país había recibido cuatro alertas, algunas por drones, en 24 horas, y que tres barcos habían sido alcanzados durante el fin de semana, y pidió más apoyo a los socios. El ministro francés, Jean-Noël Barrot, informó por su parte a sus colegas de las pruebas con que cuenta Francia para señalar a Irán por el reciente ataque híbrido contra centenares de supermercados.
La representación de la UE en futuras negociaciones de paz sobre Ucrania también estuvo sobre la mesa. La cuestión se daba por cerrada tras la reunión informal de líderes en Dublín de la semana pasada, pero ha reaparecido el debate sobre si debe asumir ese papel la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. Kallas dijo estar «lista para ocupar el puesto», sostuvo que ello evitaría duplicidades y expresó su deseo de que el asunto vuelva a tratarse en el Consejo Europeo de la próxima semana.
Los ministros establecieron que Moscú debe aceptar un alto el fuego como primer paso de cualquier negociación. Kallas dijo que las exigencias rusas son «demandas de máximos y, en realidad, absurdas», y que Moscú aplica su estrategia habitual de plantear muchas para que, al retirar algunas, las restantes parezcan razonables. Señaló como bazas europeas las sanciones y los activos rusos congelados, que superan los 200.000 millones de euros. En la rueda de prensa final añadió que no renuncia a prohibir la entrada en Europa a los ciudadanos rusos que hayan participado en la guerra, y afirmó que las listas de combatientes «existen y se pueden conseguir».
Este lunes se confirmó también que Ucrania recibirá próximamente otros 8.000 millones de euros, 5.000 de ellos del préstamo de 90.000 millones, después de que Kiev cumpliera más de una veintena de objetivos fijados por Bruselas. Los gobiernos europeos no han acordado aún avalar otro préstamo para Ucrania porque algunos países no quieren participar.
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