La Diputación Permanente del Congreso convalidó el jueves, por 35 votos a favor y 34 en contra, el decreto ley que reúne el grueso de las medidas del Gobierno en materia de vivienda. El órgano rechazó después, por 34 votos favorables y 35 contrarios, el segundo decreto, que proponía prorrogar automáticamente los contratos de alquiler y congelar sus precios. El resultado dejó en vigor el primer paquete y frenó la reforma defendida por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
El texto validado, defendido por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, permite solicitar una prórroga de hasta dos años para los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Mantiene hasta finales de 2027 el límite del 2 % a la actualización de las rentas y prolonga hasta 2030 la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. La norma estaba en vigor desde el 8 de octubre.
El decreto regula también los alquileres de temporada y por habitaciones, limita la compra de viviendas por determinados fondos de inversión e incorpora bonificaciones fiscales. En los contratos por habitaciones, la suma de las rentas no podrá superar el precio del alquiler de la vivienda completa. Tampoco se podrán encadenar contratos de temporada durante más de un año en una misma vivienda. El paquete incluye préstamos sin intereses del ICO de hasta 50.000 euros para la entrada de una primera vivienda.
El decreto que decayó planteaba la renovación automática de los contratos al vencimiento y la congelación de sus precios, además de indemnizaciones a los inquilinos en determinados supuestos de no renovación. Bustinduy cifró en 4.341 euros el ahorro medio por hogar que habría supuesto la medida durante el periodo de prórroga. La diputada del PNV Maribel Vaquero apoyó el primer texto, pero votó contra el segundo: sostuvo que podía generar inseguridad jurídica y reducir la oferta de alquiler.
El voto del PNV fue decisivo en ambas votaciones. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos sumaron los 35 apoyos al decreto principal, frente a PP, Vox y Junts. En el segundo, el PNV se alineó con estos tres grupos. La Diputación Permanente, con 69 miembros, tiene una composición distinta de la del pleno: el Congreso había rechazado ambos decretos el 2 de octubre, y el Gobierno los volvió a aprobar el día 6, después del adelanto electoral.
El debate estuvo marcado por la huelga general por la vivienda celebrada el miércoles. El Gobierno y sus socios la presentaron como expresión del malestar por el acceso a la vivienda, mientras PP y Vox acusaron al Ejecutivo de utilizarla con fines electorales. El diputado popular Sergio Sayas criticó que se sometieran de nuevo a votación textos ya rechazados; Junts cuestionó su alcance y los calificó de electoralistas. La ministra Rodríguez pidió a los participantes en la huelga que voten en las elecciones generales del 29 de noviembre, cuya campaña comenzó a medianoche.
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