La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas desde enero de 2026 unas diligencias sobre los contratos del Ministerio de Defensa con Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía de los hermanos Ángel y Javier Escribano. La investigación se inició después de que un particular presentara una denuncia en diciembre de 2025. ABC afirma que fuentes jurídicas le han confirmado las pesquisas; la exclusiva sobre su apertura fue publicada por El Independiente.
El escrito estima que 6.077 millones de euros de los más de 7.200 millones vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa (PITSDEF) habrían acabado en Indra, EM&E o empresas conjuntas de ambas. El denunciante cifra esa proporción en el 84%. Es una estimación recogida en la denuncia, que la Fiscalía investiga junto con el resto de los hechos planteados.
El particular atribuye a las presuntas irregularidades posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. Sostiene que los expedientes no serían casos aislados, sino parte de una pauta que habría comenzado en 2020. Para examinar su tramitación, Anticorrupción pidió a la Intervención General del Estado documentación y un informe preliminar sobre la regularidad de los procedimientos.
Entre los expedientes que menciona está el de los vehículos de combate 8x8. En agosto de 2020, Defensa adjudicó el programa por unos 2.100 millones de euros a TESS Defence, consorcio en el que participan Indra, EM&E, Santa Bárbara y SAPA. También incluye el sistema lanzacohetes SILAM, concedido en diciembre de 2023 por 576 millones a una unión temporal de EM&E y Rheinmetall Expal y anulado en septiembre de 2025. El escrito cuestiona el recurso a procedimientos sin publicidad o con competencia limitada. Afirma que la excepción por seguridad nacional, prevista para proteger intereses esenciales, se habría usado de forma habitual y que algunos expedientes no tenían una justificación técnica pública.
La denuncia también pone el foco en los préstamos para los programas militares. En octubre de 2025, tres reales decretos autorizaron 6.890 millones de euros para financiar 18 programas de modernización. El denunciante relaciona esos anticipos con adjudicaciones ya realizadas y sostiene que una parte mayoritaria de los fondos vinculados al PITSDEF benefició a Indra, EM&E o sus alianzas.
El PP ha reclamado explicaciones al Gobierno durante la campaña electoral y ha solicitado que comparezcan el presidente, Pedro Sánchez, y los ministros Margarita Robles, de Defensa, y Jordi Hereu, de Industria. Los populares calculan que los compromisos futuros de gasto militar rondan los 69.000 millones de euros. Critican que no se hayan aclarado, a su juicio, los criterios de adjudicación, las condiciones de financiación y las garantías de control, pese a que los Presupuestos están prorrogados. La formación afirma que apoya aumentar la inversión en Defensa, pero pide que el gasto pase por el Congreso y tenga mayor supervisión parlamentaria.
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