Las izquierdas vuelven a poner la vivienda en el centro de la campaña electoral y dejan en evidencia a las derechas. Un día después de la huelga general, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado el Real Decreto-ley que permite que los alquileres que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 sean prorrogados hasta 2030, pone coto a las compras de fondos buitre, regula los alquileres temporales y limita los precios de alquiler por habitación para evitar la especulación al trocear una vivienda en el mercado inmobiliario. Todo ello, con el voto en contra de PP y Vox. Sin embargo, la alianza de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal con el PNV ha impedido la aprobación del otro decreto que traía el Ejecutivo que planteaba la renovación automática de los alquileres con congelación de precios.
La Diputación Permanente, órgano de guardia que suple al Congreso, desconvocado por el adelanto electoral, fue congregada para la convalidación o derogación de dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros en octubre. El decreto principal, defendido por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido aprobado con 35 votos a favor y 34 en contra. El otro, defendido por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha decaído con 34 a favor y 35 en contra.
El decreto aprobado ahonda en las necesidades de millones de inquilinos pero también pretende combatir algunos de los problemas de raíz de la especulación inmobiliaria. La medida principal es la prórroga de los alquileres que finalicen antes de 2028 hasta 2030, una medida introducida tras la presión de Sumar y con la que el PSOE era reticente. Pero hay más. Los fondos buitre tendrán limitada las adquisición de viviendas por un precio inferior al 70% de su valor de mercado ajustado. También se establece la "suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional" hasta que finalice 2030. Se ponen límites a los alquileres por habitaciones y el precio por separado de cada estancia no podrá superar el precio del alquiler de todo el apartamento unido. Además, se establecerán métodos para poner freno al alquiler temporal, que se ha usado como subterfugio para esquivar la Ley de Vivienda y no podrán encadenar ese tipo de contratos en una vivienda más de un año.
No ha corrido la misma suerte el segundo decreto, que no fue apoyado por PNV y Junts y eligieron sumarse a PP y Vox. El Gobierno pretendía una renovación automática de los contratos que finalizaran y extenderlos por la misma duración del tiempo consumido sin que hubiera una subida de precios por medio. En este caso, las derechas sí unieron fuerzas para evitar su aprobación.
Estos dos decretos, prácticamente idénticos, fueron derogados por el Congreso de los Diputados y ello provocó el adelanto electoral del próximo 29N. Las mayorías parlamentarias son diferentes en la Diputación Permanente y las derechas tienen menos peso al no estar Cristina Valido (Coalición Canaria) y Alberto Catalán (UPN) representados en el grupo mixto, mientras que sí lo están BNG y Podemos, que compartían la decisión del voto. Esa variación permite al bloque progresista contar con un voto más que las derechas y deja al PNV con la capacidad de decisión, cosa que ha quedado demostrada este jueves al apoyar un decreto y rechazar el otro.
La huelga general condiciona el debate
El debate quedó totalmente marcado por la huelga general. "Curioso que ayer, desde primera hora, salieran todas las terminales mediáticas de la patronal a decir que la huelga es un pinchazo. Y al mismo tiempo salían piezas de la huelga que decían que va costar entre 2.000 y 5.000 millones", sostenía el ministro Bustinduy en su intervención. Al ministro de Sumar le tocó defender el decreto perdedor, pero quiso enviar un mensaje a PP y Vox, que hicieron caer la prórroga automática de contratos de alquiler con congelación de precios, una medida que ofrecía estabilidad a los inquilinos: "¿Cómo puede dormir tranquila una persona que se va a la cama sin saber si le van a echar de su casa cuando vence su contrato?", apuntaba.
La conversación entre los portavoces ha estado claramente condicionada por la campaña electoral. En los cruces en las intervenciones se dejaba entrever cierta desconexión con el debate parlamentario. Sin ir más lejos, José María Figadero, portavoz de Vox, culpaba falsamente a los migrantes de la crisis de la vivienda: "Han metido en los últimos cinco años a casi 6 millones de personas en España, ustedes han creado la situación perfecta para la escasez", comentaba el portavoz ultra durante su intervención. El encargado de intervenir en nombre del Partido Popular era Sergio Sayas y defendía su negativa al argüir que las medidas eran "comunismo trasnochado".
La ministra de Vivienda ponía el broche a la sesión y apelaba a las izquierdas a votar, pero sobre todo, a poner el foco en las elecciones autonómicas de mayo de 2027 ya que son las comunidades las que más capacidad tienen para aplicar medidas de vivienda: "Ojalá que de las urnas del 29N salga una mayoría más amplia. En el mes de mayo, la segunda vuelta", apuntaba Isabel Rodríguez.