La Diputación Permanente del Congreso debate este jueves la convalidación de dos decretos leyes de vivienda aprobados por el Gobierno en octubre. El primero reúne medidas sobre alquileres, desahucios y compras de fondos de inversión; el segundo establece una indemnización al inquilino si el propietario pone fin al contrato. Los textos están en vigor, pero el órgano debe decidir si los convalida o los deroga, ya que las Cortes están disueltas por el adelanto electoral.
El resultado del decreto más amplio depende del voto del PNV. La Diputación Permanente tiene 69 miembros: 34 del PSOE y los grupos que suelen respaldar al Gobierno, 34 del PP, Vox y Junts, y un representante del PNV. La formación vasca ha anunciado que apoyará el primer texto y rechazará el segundo. Con ese reparto, el Gobierno prevé que el decreto general pueda aprobarse por 35 votos frente a 34, mientras que el de las indemnizaciones no tendría mayoría.
La norma general permite a los inquilinos solicitar una prórroga de hasta dos años, en las mismas condiciones, para contratos de vivienda habitual vigentes el 8 de octubre de 2026 cuyo plazo termine antes del 31 de diciembre de 2028. La ampliación no es automática: debe pedirla el arrendatario. El decreto también suspende los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y prohíbe hasta 2030 que los fondos de inversión compren viviendas por debajo del 70% de su valor de mercado o de tasación.
El texto incluye reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones, deducciones fiscales para inquilinos y bonificaciones para propietarios que reduzcan las rentas. También contempla la aplicación de un IVA del 10% a los pisos turísticos de corta estancia, recargos en el IBI en zonas tensionadas y la transferencia de activos públicos a CASA 47, con precios limitados de forma permanente. El segundo decreto, separado del anterior, obliga al propietario a indemnizar al inquilino cuando decida romper el contrato; el PNV ya ha confirmado que votará en contra.
Durante el debate, el portavoz socialista Javier Alfonso-Cendón defendió que el alquiler no debe absorber el sueldo de los hogares. La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, calificó el decreto de «mínimos» y sostuvo que no resuelve el problema del alquiler; también reprochó al PSOE haber incluido, a su juicio, «de tapadillo» cambios sobre los planes de ahorro. Desde Vox, Carlos Quero advirtió de que las medidas pueden crear una «casta de inalquilables». Junts, por su parte, acusó al Gobierno de dar un uso electoral al problema de la vivienda. El PNV ha defendido combinar regulación y construcción y ha alertado de posibles efectos sobre la oferta de pequeños propietarios.
El rechazo de versiones anteriores de los decretos el 2 de octubre por PP, Vox, Junts y UPN precipitó la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Gobierno volvió a aprobar los textos con cambios menores para llevarlos a la Diputación Permanente. La votación se celebra después de la huelga general por la vivienda del miércoles y en vísperas del inicio de la campaña, previsto para la medianoche del viernes. Isabel Díaz Ayuso censuró este jueves en la Asamblea de Madrid el uso de la Diputación Permanente para tramitar las normas, al que calificó de «fraudulento».
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