El Supremo exige comprobar que los 163.020 españoles acogidos a la ley de nietos descienden de exiliados. El Constitucional decidirá esta semana si admite el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión.
El Tribunal Supremo mantiene suspendido el derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre para los 163.020 españoles nacionalizados por la ley de nietos, salvo que acrediten que descienden de españoles que sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia u orientación sexual. La comprobación corresponde a los consulados. Fuentes diplomáticas consultadas por El País consideran prácticamente imposible completar el proceso antes de los comicios.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció el lunes en Telecinco que será «muy difícil» que los consulados terminen a tiempo. La Oficina del Censo Electoral ya dispone de los datos de quienes obtuvieron la nacionalidad en 2025 y 2026, incorporados mediante el Registro Civil digital DICIREG. Para los demás casos, el ministerio ha creado una herramienta para trasladar la información, pero la revisión debe hacerse manualmente. Albares dijo que se han enviado instrucciones para movilizar personal y recordó que Exteriores había calculado que completar el trabajo llevaría al menos hasta enero.
El Tribunal Constitucional decidirá esta semana si admite a trámite el recurso de amparo del Defensor del Pueblo, según informó Europa Press. El Pleno, que se reúne de martes a jueves, estudiará también la petición de anular cautelarmente las resoluciones del Supremo y recuperar la inclusión de los afectados en el censo exterior. El Defensor sostiene que la suspensión puede vulnerar derechos fundamentales. Fuentes del tribunal citadas por la agencia indicaron que el ponente, Enrique Arnaldo, propone inadmitir el recurso por prematuro; la decisión podría conocerse este miércoles.
La organización del voto en Caracas afronta, además, problemas señalados por los sindicatos del Consulado General. En una carta al embajador fechada el 8 de octubre, representantes de CCOO, UGT y CSIF afirmaron que la sede provisional de Quinta Marmolejo no reúne condiciones suficientes de aforo, seguridad y accesibilidad. El Español también informó de que el Consejo de Residentes Españoles ha advertido de que el inmueble no tiene conexión a internet, lo que dificultaría imprimir documentación electoral a quienes no la hayan recibido en casa.
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