El Consejo de Ministros aprobó el martes nuevas ayudas para familias, mujeres y trabajadores. La vivienda vuelve a la agenda electoral con promesas de medidas e inversión y una campaña socialista para impulsar sus decretos.
El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto-ley que amplía prestaciones para familias, mujeres y trabajadores, mientras el PSOE ha reactivado su agenda de vivienda de cara a las elecciones del 29 de noviembre. La norma deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso en un plazo máximo de 30 días. La Moncloa ha retomado la presentación de medidas e inversión en vivienda.
El decreto permite acceder a la pensión de viudedad a las parejas con hijos en común que acrediten dos años de convivencia, aunque no estén casadas ni inscritas como pareja de hecho. También eleva al doble del salario mínimo interprofesional la pensión mínima de orfandad para los hijos de mujeres asesinadas por violencia machista que tuvieran menos de 21 años cuando murió su madre. La subida tendrá efectos retroactivos desde enero de 2022. La ayuda por cuidado de hijos con cáncer u otras enfermedades graves podrá mantenerse después de los 26 años si concurren condiciones de dependencia o discapacidad y necesitan atención continuada.
La norma crea dos supuestos especiales de incapacidad temporal: para mujeres con lesiones derivadas de violencia machista que les impidan trabajar y para quienes sufran patologías limitantes asociadas a la menopausia tratadas por la sanidad pública. La prestación se cobra desde el día siguiente a la baja, sin periodo de carencia, y equivale al 60% de la base reguladora hasta el día 20 y al 75% desde entonces. Las bajas de trabajadores afectados por catástrofes se asimilan a accidentes laborales. El texto también equipara las indemnizaciones a víctimas del terrorismo, haya o no sentencia penal o responsabilidad civil, y aumenta la pensión extraordinaria mínima.
El Congreso rechazó el 2 de octubre los decretos de vivienda que había defendido la entonces portavoz socialista Montse Mínguez. El PSOE ha puesto en marcha una campaña municipal para respaldar esos textos y pedir a las comunidades gobernadas por el PP que los apliquen. ABC presenta la sucesión de medidas sociales y de vivienda como parte de la estrategia electoral del Ejecutivo; el Gobierno sostiene que aprobar decretos es «legal y legítimo».
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