Iustitia Europa ya ha respondido a la providencia, el Constitucional decide si admite el recurso del Defensor del Pueblo y el PP exige a Exteriores que remita los datos del censo antes del jueves.
El Tribunal Supremo ha dado de plazo hasta las 15.00 de este miércoles a la Abogacía General del Estado, la Fiscalía, Vox e Iustitia Europa para que aleguen sobre el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que ordena enviar la documentación electoral a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El envío debe ir acompañado de una advertencia de que el voto de una parte de ellos puede estar suspendido. La providencia se dictó el martes.
La JEC adoptó el acuerdo el 16 de octubre. La Ley Electoral sitúa el envío de la documentación entre el 24 y el 30 de octubre. La Junta remitió el texto al Supremo por si el tribunal considera procedente hacer alguna indicación sobre el procedimiento y los plazos, dada la «perentoriedad» de los plazos legales del proceso electoral. La advertencia se refiere a los nacionalizados por la ley de memoria democrática afectados por las medidas cautelares del tribunal.
Iustitia Europa, el primer partido que llevó al Supremo los efectos electorales de esa ley, ya ha registrado su respuesta. Pide que se advierta a las autoridades y funcionarios responsables de que incumplir los autos del tribunal podría constituir un delito electoral. También reclama que se suspendan, para las elecciones del 29 de noviembre, los efectos electorales de todos los nacionalizados por esa ley, y que solo mantengan su eficacia quienes hayan quedado exceptuados individualmente mediante la certificación prevista por el Supremo.
La Sala Tercera aceptó el 10 de septiembre las cautelares pedidas por Iustitia Europa y Vox y suspendió los efectos electorales de las inscripciones de quienes se nacionalizaron gracias a la presunción de exilio de una instrucción del Ministerio de Justicia de 2022. Esa instrucción daba por exiliado a quien salió de España entre 1936 y 1955. El 12 de octubre, con las elecciones ya convocadas, el tribunal mantuvo la suspensión. La Abogacía del Estado cifra en 163.020 los nacionalizados por esta vía inscritos en el CERA.
El obstáculo práctico sigue siendo el desglose de esos expedientes. La directora de la Oficina del Censo Electoral indicó en un escrito que no ha recibido de Exteriores la información necesaria para cumplir el acuerdo de la JEC del 14 de septiembre, que reclamaba a los consulados separar los casos. En sus autos, el Supremo reprochó al Gobierno y al Instituto Nacional de Estadística que, un mes después de las cautelares, se desconociera si se había iniciado ese trabajo. Según fuentes de Exteriores citadas por El País, 32 de los 157 consulados han aportado información total o parcial; el departamento había comunicado antes que eran 48 oficinas. El censo se cierra definitivamente este viernes 23 de octubre. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo el lunes que será «muy difícil» completar las comprobaciones a tiempo.
Al choque se suma el recurso del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del voto. Según informan Onda Cero y RNE, el Constitucional debe decidir este miércoles si lo admite a trámite. El PP ha pedido personarse en el procedimiento «para defender un censo íntegro como garantía electoral» y que se inadmita el recurso. Su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, calificó de «maniobra insólita» la actuación de Gabilondo. Sostuvo que la vía judicial no ha terminado y que el propio recurso admite problemas de «ineficacia administrativa» del Gobierno.
Ezcurra afirmó que el Ejecutivo lleva más de un mes sin enviar a la Oficina del Censo «ni un solo dato». Anunció que el PP ha mandado un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles, con plazo hasta el jueves. Advirtió de que, si no se cumple lo ordenado por el Supremo, exigirá «todas las responsabilidades de quien corresponda, también las penales». El motivo del plazo, explicó, es que el sábado 24 empieza el envío del voto exterior, que sin esos datos llegaría también a los 163.020 electores afectados.
Ezcurra anunció asimismo que el PP denunciará los hechos conocidos en el Consulado General de España en México, donde, según dijo, se concedieron pasaportes a personas sin padres ni abuelos españoles. «Que haya decenas de miles es un fraude democrático masivo», afirmó. El Gobierno sostiene que el desglose exige revisar manualmente los expedientes, un proceso que, según Exteriores, avanza con la información de unas 70.000 personas inscritas desde 2025 en el registro digital DICIREG, ya disponible para la Oficina del Censo.
Por otra parte, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha llamado a los 2.747.688 inscritos en el CERA a votar el 29 de noviembre con la etiqueta #TuVotoCuenta. Su comunicado recuerda que el censo ha pasado de 1,3 millones de electores en 2011 a más de 2,7 millones y lamenta que más de 2,5 millones no voten. No menciona la suspensión cautelar, una omisión que destaca El Español.
Respuestas automáticas a partir de las noticias de El Autómata, sus fuentes y la radio. Pueden contener errores: comprueba los enlaces.
Esta noticia la ha redactado una inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas, con el criterio editorial de El Autómata (equilibrio, atribución y solo hechos publicados). Puede contener errores: consulta las fuentes originales. Modelo: claude-sonnet-5.5.
