Función Pública confirma a los sindicatos la subida del 4,5% sin fijar fecha

El Ministerio de Función Pública ha garantizado a CCOO, UGT y CSIF que el Gobierno aprobará la subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, prevista en el acuerdo marco de 2025. No ha fijado fecha ni ha precisado si lo hará antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Los tres sindicatos lo explicaron este martes tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía.

Fuentes del departamento que dirige Óscar López recordaron que el incremento "ya estaba acordado" y que el ministro había afirmado que el Gobierno cumpliría el pacto. A comienzos de mes, López dijo en un acto que se trata de un acuerdo para mejorar el poder adquisitivo de unos 3,5 millones de personas y añadió: "Ya daremos más detalle concreto de fechas y procedimientos, pero cumpliremos con ese compromiso". Otras informaciones sitúan el colectivo afectado en más de tres millones de empleados públicos.

La ausencia de calendario es el principal reproche de las centrales. CCOO ha exigido al Gobierno "que diga cuándo lo va a aprobar". Los tres sindicatos han pedido que la subida se apruebe antes de que el Ejecutivo entre en funciones. CCOO y UGT sostienen que, al estar ya pactada, la aprobación daría más seguridad a los trabajadores, y CSIF defiende la misma opción "para evitar retrasos".

Como los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados, el aumento requiere una norma con rango legal. Según ABC, Función Pública se ha comprometido a tramitar un real decreto-ley. El año pasado la subida se aprobó por esa vía el 2 de diciembre y el Congreso la convalidó días después con mayoría, incluido el apoyo del PP, según recuerda elDiario.es.

El acuerdo, pactado en noviembre de 2025 entre el Gobierno y los tres sindicatos, abarca de 2025 a 2028. Fijó una subida del 2,5% para 2025; para 2026, un 1,5% fijo más un 0,5% variable según la evolución del IPC; y para 2027, un 4,5% fijo. ABC añade que el pacto incluye un 2% en 2028. Los incrementos son consolidables, porque cada año se aplican sobre las retribuciones ya actualizadas del anterior, y el texto incorpora cláusulas para compensar parcialmente desviaciones imprevistas de la inflación.

Las fuentes difieren en cómo se aplicaría el medio punto variable. Según ABC, el departamento de López garantiza el 4,5% con efectos desde enero y un 0,5% adicional si la inflación media de 2026 supera el 1,5%. Ese medio punto se aplicaría desde febrero, porque el IPC medio quedará previsiblemente cerca del 4% tras el inicio de una nueva guerra en Oriente Medio. elDiario.es, en cambio, sitúa ese 0,5% en 2026 y señala que ya figura en el real decreto-ley de diciembre pasado. Esa norma lo aplica "con efectos de 1 de enero de 2026" si el IPC de este año es igual o superior al 1,5%, y se abonaría en el primer trimestre de 2027. Los sindicatos recuerdan, según ese medio, que el próximo Gobierno tendrá que autorizarlo.

ABC enmarca el compromiso en plena campaña electoral y lo vincula a la recuperación de los "martes sociales" en el Consejo de Ministros. Este martes el Ejecutivo aprobó un decreto con medidas como la pensión de viudedad para convivientes con hijos en común que acrediten dos años de convivencia ininterrumpida, que deberá pasar por la Diputación Permanente del Congreso. elDiario.es apunta que el pacto lo suscribió el actual Gobierno de coalición y que hay quien teme que un cambio de signo en La Moncloa pudiera frustrarlo.

Los sindicatos aprovecharon la reunión para reclamar otros puntos del acuerdo marco. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, defendió que hay margen para aplicar materias ya cerradas, como la revisión de los complementos de residencia e insularidad, que considera imprescindible para cubrir las plantillas en algunos territorios. CCOO pidió la eliminación de la tasa de reposición, la mejora de las condiciones del personal del Servicio Exterior y la jubilación anticipada parcial para funcionarios y personal estatutario. También reclamó que culminen los procesos de estabilización pendientes y "evitar nuevos retrasos que prolonguen situaciones de precariedad e incertidumbre". CSIF pidió actualizar las indemnizaciones por residencia antes de final de año y situó entre sus prioridades suprimir la tasa de reposición, mejorar el mutualismo administrativo, avanzar en la promoción interna y actualizar los permisos y la conciliación.

Función Pública informó además a las centrales de que trabaja en una reforma para definir el abuso de la temporalidad, con sanciones por incumplimiento, entre ellas el cese de los gestores. Según elDiario.es, la negociación se mantiene con las comunidades autónomas, y el Ejecutivo estudia cambios legales ante el procedimiento sancionador abierto por Bruselas, que puede acarrear una multa para España. ABC cifra la temporalidad en torno al 30%, frente al 8% comprometido con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación.