Los decretos destinan 180 millones a municipios con zonas tensionadas y 45 millones a alojamientos universitarios en 2026. El Consejo de Ministros aprobó también cambios en prestaciones y bajas médicas.
El Consejo de Ministros aprobó este martes dos decretos que suman 225 millones de euros para vivienda, en plena campaña para las elecciones del 29 de noviembre. Las normas no necesitan convalidación del Congreso: una concede ayudas a territorios con zonas de mercado residencial tensionado y la otra financia alojamientos asequibles para la comunidad universitaria.
La partida de 180 millones se distribuye entre 317 municipios de cinco comunidades. Cataluña recibirá 119,4 millones para 271 municipios; el País Vasco, 31 millones para 18; Navarra, 13,3 millones para 21; Galicia, 10,2 millones para A Coruña y Santiago, y Asturias, 5,9 millones para cinco municipios. El Ministerio de Vivienda plantea las ayudas para aumentar la oferta asequible y contribuir a reducir los precios del alquiler. Los otros 45 millones se dedicarán a alojamientos universitarios durante 2026. La ministra Isabel Rodríguez afirmó que quedan «muchos recursos y muchas decisiones que tomar» en materia de vivienda.
La vivienda formó parte de un paquete más amplio de medidas sociales aprobado en la misma reunión. El Gobierno amplió las bajas médicas para mujeres con patologías incapacitantes asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género con lesiones que les impidan trabajar. También equiparó la cobertura por incapacidad temporal de personas afectadas por catástrofes a la de accidentes laborales, extendió la pensión de viudedad a determinadas parejas no casadas y amplió hasta los 26 años las ayudas para cuidar a hijos con discapacidad superior al 65% o dependencia de grado 3.
La aprobación se produce después de la dimisión de Montse Mínguez como portavoz socialista, tras las informaciones sobre los negocios inmobiliarios de su pareja. La oposición ha invocado el caso para cuestionar la coherencia del PSOE en vivienda. Fuentes gubernamentales sostienen que Mínguez defendió y votó contra esos negocios, que califican de legales, y que dejó el cargo tras sufrir acoso. El Ejecutivo defiende que aprobar decretos es legal y legítimo y que utilizará las herramientas disponibles para sacar adelante medidas sociales.
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