El organismo cifra en unos 2.800 millones de euros el valor de los productos afectados y propone una tasa a los buques españoles. Por separado, el Departamento de Estado advierte a los inversores del uso de «mecanismos legislativos de urgencia» en España.
La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) ha propuesto restringir la entrada de productos españoles por un valor de unos 2.800 millones de euros, según cifra el propio organismo en el informe que publicó el miércoles. La propuesta incluye además una tasa de 200.000 dólares por viaje a cada buque con bandera española que llegue a puertos estadounidenses. El documento no es una medida en vigor: abre un plazo de alegaciones.
Las restricciones afectan a cinco categorías: perfumería y cosmética, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra, y azúcar y productos de confitería. La comisión cita de forma expresa el aceite de oliva, cuyas ventas a Estados Unidos rondan los 840 millones de dólares anuales, según Expansión. El propio organismo reconoce que la tasa por sí sola no bastará. La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) estima que la flota mercante española está entre 80 y 90 barcos, por lo que el efecto directo de la tasa sería limitado.
El expediente se remonta a noviembre y diciembre de 2024, cuando España denegó el acceso a sus puertos a tres buques adscritos al Programa de Seguridad Marítima estadounidense, alegando que no permitiría el tránsito de armas hacia Israel. Entre ellos había dos buques de Maersk que tuvieron que hacer escala en Tánger (Marruecos) en lugar de Algeciras. España sostuvo que su territorio es soberano, que la comisión no tiene jurisdicción sobre el país y que actuó conforme a la legislación nacional, comunitaria e internacional. Según Invertia, el Gobierno español relativizó las amenazas comerciales de Donald Trump y recordó que el país está bajo la protección comercial de la Unión Europea.
Por separado, Vozpópuli informa de que el Departamento de Estado de EEUU, en su informe anual sobre el clima de inversión en España, advierte del uso de «mecanismos legislativos de urgencia» que no pasan por consulta pública. El documento también alude a la fragmentación normativa, con 17 conjuntos normativos autonómicos según el texto, a los retrasos en permisos y licencias, y a los impagos a empresas del sector renovable tras los recortes durante el mandato de Mariano Rajoy. El informe reconoce el crecimiento económico y la creación de empleo, pero señala que el paro sigue siendo elevado y que la productividad es débil.
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