El Gobierno aprobará este martes un real decreto-ley con nuevas mejoras en distintas prestaciones sociales, entre ellas las pensiones de viudedad y las ayudas para cuidar a menores con cáncer o enfermedades graves. El Ministerio de Seguridad Social está cerrando el texto, cuya letra pequeña aún no está definida, en vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre. ElDiario.es, que atribuye la información inicial a El País, asegura haber confirmado las líneas generales con fuentes gubernamentales.
La propuesta prevé ampliar la prestación por incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género. En esos casos, la cuantía sería del 60% de la base reguladora hasta el vigésimo día de baja y del 75% a partir de entonces. La empresa asumiría el salario del primer día y la Seguridad Social abonaría la prestación después. El decreto también permitiría que ambos progenitores cobren, de forma alternativa o simultánea, la ayuda por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves, y extendería su acceso más allá de los 26 años en casos de dependencia de grado III o discapacidad especialmente elevada.
En las pensiones de viudedad, el texto facilitaría el acceso a parejas de hecho con hijos en común, que podrían acreditar así la relación para solicitar la prestación. También permitiría revisar durante los 12 meses siguientes las solicitudes que fueron rechazadas. Las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas tendrían un mínimo equivalente a dos salarios mínimos, 2.442 euros, un 36% por encima del umbral vigente. El paquete incluye además mejoras para huérfanos por violencia de género y triplica, de 100 a 300 euros, el máximo de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos por beneficiario, además de ampliar su duración.
Al margen de ese paquete, el Ejecutivo prevé aprobar en diciembre la revalorización general de las pensiones para 2027, incluso si queda en funciones tras los comicios. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, considera que la actualización puede tramitarse mediante real decreto-ley por su urgencia e interés general. También ha planteado aprobarlo una o dos semanas después de las elecciones y llevarlo después a la Diputación Permanente del Congreso. Invertia señala que el ministro no ha aportado un argumento jurídico concreto que garantice esa posibilidad.
El porcentaje definitivo dependerá del IPC entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. La normativa calcula la media de las tasas interanuales de esos doce meses, no la inflación de un único periodo. El INE publicará el dato adelantado de noviembre el 27 de ese mes, dos días antes de las elecciones, y las cifras definitivas están previstas para el 15 de diciembre. Funcas estima por ahora una subida cercana al 3,6%, superior al 2,7% aplicado en 2026; la cifra todavía puede variar.
El IPC alcanzó el 4,9% interanual en septiembre, pero esa cifra no determina por sí sola la subida. Cuerpo ha recordado que la revalorización conforme a los precios está recogida en la ley y ha trasladado tranquilidad a los más de 9,5 millones de pensionistas. En paralelo, Expansión destaca que el próximo Gobierno afrontará presiones sobre el gasto derivadas del envejecimiento de la población y recoge entre los expertos la necesidad de ajustar el sistema en los próximos años.
Esta noticia la ha redactado una inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas, con el criterio editorial de El Autómata (equilibrio, atribución y solo hechos publicados). Puede contener errores: consulta las fuentes originales. Modelo: gpt-6-luna.