Las nuevas exigencias entrarán en vigor de forma gradual el 27 de octubre y alcanzarán también a instalaciones existentes. En España, el debate sobre la regulación enfrenta las alertas de seguridad con las objeciones del sector a su impacto en la inversión.
Irlanda aplicará desde el 27 de octubre nuevas exigencias técnicas a los grandes consumidores conectados a la red de transporte, incluidos los centros de datos ya operativos. La norma, impulsada por el operador EirGrid, obliga a estas instalaciones a permanecer conectadas durante perturbaciones eléctricas. Los centros que no cumplan los requisitos quedarán sujetos a restricciones de demanda durante el periodo de adaptación.
La Commission for Regulation of Utilities (CRU) advirtió de un «riesgo inmediato y significativo para la estabilidad de la red y la seguridad del suministro». En junio, el consumo de los centros de datos rondó los 1.000 megavatios, frente a los 900 que EirGrid considera el máximo que el sistema —que incluye Irlanda del Norte— podría perder de golpe sin comprometer su estabilidad. El 6 de junio, un problema en una subestación de Dublín provocó la desconexión de unos 480 megavatios, el 52% de la demanda de esas instalaciones en ese momento. En algunos escenarios, EirGrid calcula que podría perderse hasta el 90% de esa demanda con las normas actuales.
La CRU señala que Australia y Texas han aprobado o preparan requisitos técnicos similares. Irlanda también aprobó el plan LEAP, que exige a los grandes usuarios aportar generación gestionable o almacenamiento y cubrir al menos el 80% de su consumo anual con nuevas renovables, con seis años para adaptarse. El operador lleva meses reduciendo exportaciones eléctricas, entre otras medidas para contener los riesgos asociados a desconexiones masivas.
En España, el consumo de los centros de datos sigue siendo residual, aunque ya se aprecia entre los grandes consumidores, según los indicadores de Red Eléctrica. La CNMC reclamó en enero de 2025 que estas instalaciones tuvieran capacidades técnicas para soportar huecos de tensión y obligaciones de observabilidad y gestión. El Gobierno anunció en agosto un real decreto para regular el sector y sostiene que busca prevenir problemas como los de Irlanda. SpainDC calcula que el sector representa ahora el 0,5% de la generación eléctrica y podría alcanzar el 2,5%-3% en 2030. La patronal advierte de que, si se mantienen las exigencias más polémicas del borrador, podrían quedar en riesgo entre el 80% y el 90% de los proyectos previstos hasta ese año, valorados en 67.000 millones de euros.
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