El Tribunal de Instancia suspende el lanzamiento de una familia por su situación económica y médica, mientras Antonia Gutiérrez y su hijo Jesús llevan más de cuatro meses sin vivienda tras un desahucio en San Isidro.
El Tribunal de Instancia de Orihuela ha suspendido el desahucio de una familia al aplicar por primera vez en el municipio el decreto Maricarmen, recientemente aprobado, según informa Información. La familia la forman un matrimonio de más de 60 años y sus dos hijas, mayores de edad, aunque una de ellas se ha independizado y ya no reside en la vivienda. El lanzamiento estaba fijado para el miércoles 14 de octubre. El tribunal aceptó la petición del abogado Antonio Zapata al acreditarse la situación económica y médica de la unidad familiar, y el fondo propietario del inmueble se adhirió a la suspensión.
Tras la suspensión, según el abogado, se abre una negociación con una entidad financiera y el fondo propietario para encontrar una solución definitiva, que podría ser una compraventa o un alquiler ajustado a los recursos de la familia. Zapata ha pedido a los grandes tenedores de viviendas y a las entidades financieras más flexibilidad para fijar topes de renta o facilitar créditos asumibles.
Son casos distintos. Antonia Gutiérrez, de 63 años, y su hijo Jesús llevan sin vivienda desde el 28 de mayo, cuando dejaron la casa de San Isidro. Duermen en un parque del polígono San Fernando de Cox, con mantas y sacos, y pagan un trastero donde guardan sus pertenencias. Antonia sostiene que cuatro ayuntamientos le niegan ayuda y que el de San Isidro les dio de baja en el padrón tras el desahucio, sin que ningún otro municipio haya resuelto su inscripción. La dirección técnica de la Mancomunidad de Servicios Sociales Bajo Segura, que gestiona el área de San Isidro y Granja de Rocamora, asegura que no es cierto que hayan desatendido la petición de empadronamiento, aunque no facilita datos sobre la prestación por considerarlos confidenciales.
Antonia explica que la propietaria de una habitación en Orihuela no quiso alojarla en julio, y que Trabajo Social del Hospital Vega Baja y Cruz Roja les indicaron que acudieran a los servicios municipales para valorar una alternativa a dormir en la calle. Según su relato, su hijo está enfermo y ha perdido mucho peso, y la inseguridad en el parque ha aumentado en las últimas semanas. Antonia asegura haber pedido ayuda a responsables municipales de San Isidro, Albatera, Granja de Rocamora y Cox, sin obtener una alternativa habitacional.
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