Urdecón no puede iniciar las obras de La Manguilla sin la calificación provisional de la Generalitat. En paralelo, las nuevas garantías exigidas para el suelo público complican la financiación de las promociones.
Según publica Información, la promoción de vivienda protegida que Urdecón tiene adjudicada en La Manguilla, en Torrevieja, sigue sin iniciar las obras pese a contar con licencia municipal. El proyecto del Plan Vive permanece pendiente de la calificación provisional de la Generalitat, necesaria para empezar la actuación y comercializar las viviendas. En paralelo, las promotoras del programa afrontan dificultades para obtener financiación bancaria por las condiciones impuestas a las garantías del suelo público.
El contrato de la promotora está adjudicado y formalizado desde hace más de un año. En junio, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acudió a dar cuenta del inicio simbólico de los trabajos, pero la actuación no ha comenzado. La licencia municipal no es suficiente: sin la calificación provisional, la empresa no puede iniciar la obra ni poner a la venta las viviendas o formalizar reservas. Para obtener esa autorización debe presentar, entre otros documentos, un plan que detalle cómo se comercializarán los inmuebles.
La Generalitat reforzó los controles sobre la vivienda protegida tras el caso de las adjudicaciones de Les Naus, en Alicante, investigadas judicialmente después de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Las empresas adjudicatarias prepararon un modelo común de comercialización para homogeneizar el procedimiento y evitar que cada servicio territorial revise un sistema distinto. Sin embargo, el documento lleva más de un mes pendiente del visto bueno central, según fuentes del sector citadas por Información.
El segundo problema afecta a las garantías de las promociones construidas sobre suelo público. La Generalitat pone parcelas a disposición de los adjudicatarios y recibe las contraprestaciones previstas, que pueden incluir parte de las viviendas. Un nuevo criterio del área de Intervención exige que las garantías cubran también la recuperación íntegra del suelo aportado por la Administración si el proyecto fracasa. Las empresas sostienen que las condiciones iniciales cubrían las obligaciones del promotor y la entrega de las viviendas comprometidas, pero no esa devolución completa.
La exigencia dificulta el acceso al crédito porque los bancos temen no recuperar los préstamos si, tras un incumplimiento, la Generalitat recupera el terreno y lo construido. La promotora podría aportar garantías adicionales, pero los avales pueden inmovilizar tantos recursos propios que hagan inviable la operación para empresas que necesitan financiación bancaria. El problema afecta a promociones de toda la Comunitat Valenciana, no solo de Alicante. Según Información, únicamente una promoción de Castellón, respaldada por un fondo de inversión, ha podido asumir esas condiciones.
Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), ha reconocido que existen «tensiones» y «problemas» de financiación, y ha pedido una solución coordinada entre las administraciones. A finales de agosto, la Generalitat y las empresas se reunieron para buscar alternativas. Se han explorado opciones con aseguradoras, mientras que la creación de una sociedad vehículo fue descartada por su complejidad jurídica. La vía que ahora se estudia es la participación del Instituto Valenciano de Finanzas en la garantía, aunque todavía no hay una solución cerrada.
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