El Defensor del Pueblo incluirá el retraso de Orihuela en su informe anual

Orihuela continúa sin una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) operativa casi cuatro años después de que venciera, el 1 de enero de 2023, el plazo legal para implantarla en los municipios obligados. El Defensor del Pueblo constató esa situación en una resolución del 30 de septiembre y ha decidido incluir el incumplimiento y los retrasos acumulados en el informe anual que remite a las Cortes Generales.

El Ayuntamiento había comunicado por escrito a la institución que aceptaba sus recomendaciones y había previsto aprobar definitivamente la ordenanza durante el segundo trimestre de 2026. Sin embargo, tras examinar la información municipal, el Defensor concluyó que el proyecto técnico y la ordenanza seguían en fase de redacción. También dio por rechazadas diez de las once recomendaciones formuladas al consistorio.

La constatación del Defensor es anterior a la apertura del trámite de información pública. El Ayuntamiento abrió el 16 de octubre un plazo de 30 días para presentar alegaciones, tras la resolución que dictó el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, el día 14. El proyecto, elaborado por Tema Ingeniería, diferencia medidas para el casco histórico, el núcleo urbano y Orihuela Costa. La exposición permite consultar el documento y presentar observaciones, pero no activa por sí misma las restricciones.

El plan propone seis meses iniciales de adaptación y pruebas en el núcleo urbano. Después, una primera fase limitaría el acceso de vehículos sin distintivo ambiental cuyos titulares no estén empadronados; una etapa posterior incluiría también a los vehículos con etiqueta B. En el casco histórico se plantea controlar los accesos con autorizaciones para residentes, usuarios de garajes, comercios y servicios esenciales. En Orihuela Costa se prevé regular el estacionamiento en algunas zonas de playa durante los periodos de mayor afluencia, sin establecer un perímetro general de circulación. El PSOE ha reclamado explicaciones al gobierno municipal por la demora y un calendario realista; su concejal Luis Quesada ha vinculado el retraso a la política municipal de movilidad.