La primera huelga general en 14 años, convocada este miércoles por la vivienda y los salarios, terminó con una cifra de detenidos que depende de la hora y de la fuente. El Ministerio del Interior contabilizó 53 arrestos y 1.044 incidencias hasta las 20.00 horas. Después, los disturbios que siguieron a las manifestaciones elevaron el total: según el recuento de ABC, son 108 en toda España, 54 de ellos por los altercados posteriores a las marchas y el resto por los piquetes de la jornada.
En Barcelona, los Mossos d'Esquadra habían informado de 18 detenciones a última hora de la tarde, pero el alcalde, Jaume Collboni, elevó después la cifra a 50. Grupos de encapuchados levantaron barricadas, quemaron contenedores y rompieron escaparates alrededor de plaça Catalunya y el paseo de Gràcia. Con el orden público restablecido, los Mossos identificaban a varios de los alborotadores. En Madrid hubo cuatro detenidos por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, después de que la Policía Nacional cargara contra grupos de manifestantes en Gran Vía y Callao. Hacia las 21.40 la situación en Callao era tranquila.
Los sindicatos y el Sindicato de Inquilinas denuncian violencia policial. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, habló de una «escalada de violencia» y anunció que pedirá responsabilidades a los cargos competentes cuando haya todas las cifras. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acusó a la Policía de actuar con «un celo y un exceso absolutamente impresentables» y de «provocar a los jóvenes» en la Gran Vía. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, anunció una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos. Los sindicatos atribuyen además 13 heridos al uso de gas en la intervención policial en Mercamadrid, y el dirigente de Adelante Andalucía Néstor Salvador afirmó que un policía le golpeó en un piquete en las cocheras del metro de Granada y que tiene una costilla fracturada. Interior sostiene que la jornada fue pacífica en general y que los incidentes los protagonizaron grupos reducidos.
En Vigo, UGT-Galicia denunció un ataque con un artefacto explosivo contra su sede de la calle García Barbón, que causó daños materiales, mientras se celebraba la manifestación de la tarde. El sindicato lo atribuyó al «clima de polarización y odio» que, dijo, imponen algunas organizaciones. En la Comunitat Valenciana, la Delegación del Gobierno aseguró que la huelga transcurrió «sin grandes incidencias»; la Policía Nacional practicó diez detenciones, seis en Valencia, dos en Alicante y dos en Castellón, y tres agentes resultaron heridos.
Las marchas de la tarde se celebraron en numerosas ciudades, en muchos casos bajo la lluvia. En Madrid, la Delegación del Gobierno cifró la asistencia en 120.000 personas y el Sindicato de Inquilinas, en 600.000. En Barcelona, la Guardia Urbana contó 55.000 y los organizadores, 400.000. Más de 50.000 personas participaron en las manifestaciones andaluzas, según la Policía Nacional, pese a que la borrasca Charles obligó a suspender las convocatorias de varias capitales.
El seguimiento laboral sigue siendo objeto de disputa. Los sindicatos lo sitúan entre el 84 % en Cataluña, el 75 % en Andalucía y Aragón y el 41 % en Extremadura. En Cataluña, la huelga tuvo especial incidencia en la industria, el transporte y las universidades; según los sindicatos convocantes y el Sindicat de Llogaters, los piquetes cortaron hasta 80 carreteras, y el Govern cifró en un 15 % la reducción de la demanda energética en las primeras horas de la mañana. El Govern reconoció además que Renfe no cumplió los servicios mínimos en Rodalies y que uno de cada cinco trenes programados no salió. La patronal CEOE y Cepyme habían señalado a mediodía que la actividad se desarrollaba con normalidad en la mayoría de sectores y territorios. En sanidad, CCOO estima un seguimiento del 38 %, mientras las administraciones de Madrid, Andalucía y Castilla y León lo situaron entre el 3,84 % y el 7 % en el turno de mañana.
La huelga se celebró a 18 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, y los partidos la leyeron en clave electoral. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la calificó de «fracaso» y de huelga «preventiva» convocada «contra la oposición». Fuentes de la dirección del partido hablaron de una huelga «diseñada en Ferraz». Feijóo prometió además que derogará los decretos de vivienda del Gobierno, que el Congreso vota este jueves, si llega a La Moncloa. La vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Sanidad, Mónica García, respaldaron la jornada.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas Valeria Racu había advertido en la víspera de que la huelga es un «aviso para quien gobierne» y de que el conflicto «va a seguir escalando» sea cual sea el resultado electoral.
Esta noticia la ha redactado una inteligencia artificial a partir de las fuentes citadas, con el criterio editorial de El Autómata (equilibrio, atribución y solo hechos publicados). Puede contener errores: consulta las fuentes originales. Modelo: claude-sonnet-5.5.