La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, anunció este lunes acciones penales contra miembros del comité de huelga del profesorado, a quienes atribuye haber promovido actos violentos durante las movilizaciones. El Gobierno regional prevé llevar el asunto al juzgado de instrucción de guardia de la plaza de Castilla. La Comunidad sostiene que la Policía tramita 45 actas de denuncia contra participantes en las protestas.
El anuncio llegó después de que Zarzalejo cancelara su intervención en un acto sobre Formación Profesional en el distrito de Retiro. Decenas de docentes en huelga acudieron al evento y la consejera afirmó que la Policía le había advertido de que no estaba garantizada su seguridad. Zarzalejo calificó de acoso las acciones contra ella. En paralelo, centenares de profesores participaron en una concentración autorizada ante la Consejería, en la calle de Alcalá, que interrumpió el tráfico durante unas dos horas. La consejera sostuvo que la protesta ante el acto no estaba autorizada.
El comité de huelga, integrado, entre otros, por CC OO, UGT, CNT y CGT, defiende que las protestas son pacíficas y reclama negociar sus reivindicaciones. Los sindicatos anunciaron el 26 de octubre que acudirían a los tribunales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso si no se sentaba a negociar. También prevén denunciar actuaciones policiales en nombre de manifestantes que aseguran haber sido agredidos. La Delegación del Gobierno en Madrid investiga las intervenciones policiales del 19 de octubre y las de la primera jornada del paro; el comité las considera desproporcionadas.
La huelga indefinida comenzó el 14 de octubre y afecta a unos 65.000 docentes no universitarios que dan clase a más de 666.000 alumnos. Los sindicatos piden, entre otras medidas, reducir las horas lectivas, bajar las ratios, aumentar los salarios en 600 euros al mes y reforzar la atención a la diversidad. La semana pasada, la Comunidad anunció que quería ampliar los servicios mínimos y ordenó reforzar la neutralidad institucional en los centros, retirar carteles y símbolos políticos —salvo en tablones sindicales— y comunicar incidencias a Inspección. Adimad, la principal asociación de directores de institutos públicos, rechazó que los equipos directivos vigilen mensajes políticos y pidió abrir una negociación.
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