Rosalía Sierra Madrid
La huelga general convocada este miércoles ha dejado cifras muy diferentes sobre su repercusión en la sanidad. Mientras que la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) estima que el seguimiento alcanza el 38% en el conjunto de la sanidad pública, los sectores sociosanitarios y la dependencia, las administraciones autonómicas ofrecen porcentajes sensiblemente inferiores en los territorios de los que se conocen datos.
En la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha situado el seguimiento en el turno de mañana en el 5% en los hospitales y el 7% en atención primaria. El dato se ha comunicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cifra en un 4% la participación en el turno de mañana. Según los datos de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, 2.727 profesionales han secundado el paro de una plantilla de 68.143 trabajadores en ese turno. La Junta asegura que los centros sanitarios han abierto sin incidencias y funcionan con normalidad.
En Castilla y León, la Junta sitúa el seguimiento en las instituciones sanitarias en el 3,84% a las 12:00 horas. El porcentaje asciende al 5,35% entre el personal laboral y se sitúa en el 3,67% entre funcionarios y personal estatutario. En el conjunto de los servicios públicos autonómicos, la participación alcanza el 4,25%. La Administración regional señala que no se han producido incidentes de importancia en los centros de trabajo.
En el plano político, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su respaldo a la movilización en un mensaje publicado en X. "La historia nos enseña que los derechos no caen del cielo: se conquistan", afirma, antes de concluir: "¡Hoy, una huelga como una casa!".
Una brecha importante
La estimación de CCOO dibuja un escenario distinto. El sindicato calcula un seguimiento estatal del 38% y sostiene que, si se contabilizara al personal que debe permanecer en sus puestos por los servicios mínimos, la participación en estos sectores superaría el 80%. La organización considera que las dotaciones fijadas por las administraciones han limitado el ejercicio del derecho de huelga y denuncia que en algunos servicios se han establecido efectivos equivalentes o incluso superiores a los de un día festivo o una jornada ordinaria.
Por comunidades, CCOO sitúa el seguimiento en el 40% en la sanidad pública andaluza y por encima del 70% en los sectores sanitarios y sociosanitarios de Madrid. En Cataluña calcula un 10% en la sanidad pública y alrededor del 15% en la concertada y privada. En Murcia señala cifras similares a las catalanas, mientras que en la Comunidad Valenciana estima un 70% en la sanidad pública.
Las cifras no son directamente comparables en todos los casos: el sindicato incluye distintos ámbitos asistenciales según el territorio y sus estimaciones no utilizan necesariamente el mismo universo que los datos de las administraciones. Además, CCOO señala que todavía está pendiente de valorar las jornadas especiales de 12 horas o más en algunas comunidades.
Los servicios mínimos, otro foco de controversia
La discusión sobre el seguimiento coincide con las críticas a los servicios mínimos. Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS y representante de UMYF, considera que las dotaciones deberían limitarse a garantizar la asistencia urgente y las urgencias de atención primaria y extrahospitalaria, con efectivos equivalentes a los de un fin de semana. "Si es suficiente para un fin de semana, tendría que ser suficiente para una huelga", sostiene. Hernández considera que cualquier dotación superior puede resultar abusiva, aunque precisa que no conoce los servicios mínimos concretos establecidos para esta convocatoria general en Madrid y que, por tanto, no puede valorar su aplicación.
En este sentido, los servicios mínimos establecidos suponen que, en Madrid, los hospitales funcionan con las dotaciones de sábados, domingos o festivos, con un límite general del 35% de los efectivos por gerencia y refuerzos en unidades específicas; en atención primaria, los mínimos se fijan por centro y categoría, mientras que el SUMMA 112 mantiene el 100% de sus efectivos asistenciales. En Andalucía, la actividad hospitalaria se equipara a la de domingos y festivos y se garantiza la continuidad de urgencias y tratamientos no demorables; en Cataluña, la atención primaria no urgente queda cubierta con el 25% de la plantilla. Otras comunidades han optado también por plantillas de festivo en hospitales y de sábado en centros de salud, como País Vasco y la Comunidad Valenciana, que además mantiene al 100% servicios como UCI, diálisis y oncología. La cobertura íntegra de urgencias, cuidados críticos y tratamientos que no pueden aplazarse es el denominador común, aunque las dotaciones para la actividad ordinaria varían notablemente entre territorios.
La dirigente sindical también cuestiona la oportunidad de la huelga en un momento en el que, a su juicio, no existe un interlocutor político con capacidad para atender las reivindicaciones. UMYF aplazó la convocatoria de huelga médica que iba a comenzar el 28 de octubre tras conocerse el adelanto electoral. No obstante, AMYTS mantiene las jornadas de paro autonómico previstas para los días 18, 19 y 20 de noviembre y el 11 de diciembre.
CSIF no secunda la convocatoria
Por su parte, CSIF ha comunicado que no secunda la huelga general. El sindicato justifica su decisión por el carácter que atribuye a la convocatoria, celebrada pocas semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, y considera que sus connotaciones políticas no encajan con su independencia ni con su actividad, que circunscribe a las cuestiones laborales.
La organización recuerda que evitó una huelga general en las administraciones públicas tras alcanzar un acuerdo para mejorar el empleo público y las condiciones laborales, que contempla una subida salarial del 11,4% entre 2025 y 2028. También anuncia que seguirá movilizándose por la aplicación de los incrementos pactados y la mejora de los servicios públicos.