Adif encargó a Indra la instalación de un centro de control alternativo al de Atocha, desde donde el pasado 28 de octubre se autorizó de forma incorrecta la marcha del AVE de Renfe que terminó colisionando con un Iryo detenido en Urda (Toledo). El proyecto, adjudicado antes del accidente, permitiría gestionar desde Villaverde la circulación de la línea Madrid-Sevilla y otros tres corredores de alta velocidad en caso de que la sala principal quedara inutilizada. El objetivo era garantizar la continuidad del tráfico ferroviario ante una emergencia que impidiera utilizar las instalaciones de Atocha.
Según recoge la documentación del expediente, Adif justificó la contratación por las "necesidades de disponibilidad y seguridad requeridas por la explotación de las líneas ferroviarias de alta velocidad". La entidad pretendía evitar que una incidencia en el centro principal provocara la interrupción de las operaciones. En concreto, el pliego de condiciones advertía de que una eventual pérdida de disponibilidad supondría un "impedimento de acceso y uso de la sala del CRC de Atocha", con el consiguiente riesgo de paralización de la gestión ferroviaria.
Aunque fuentes de Adif matizan que el contrato está "en ejecución", por lo tanto, no completado en plazo; la nueva instalación debía permitir que desde Villaverde "se pudiese tomar el mando y ejercer el control de la explotación" de las líneas afectadas. Adif inició el expediente en enero de 2025, lo aprobó en mayo bajo la presidencia de Luis Pedro Marco de la Peña y formalizó el contrato el 5 de diciembre de ese mismo año por 1,12 millones de euros (1,36 millones impuestos incluidos). Los trabajos tenían un plazo de ejecución de nueve meses desde la firma del acta de inicio, por lo que tendrían que haberse ya ejecutado.
La nueva sala se ubicaría en el Centro de Telecomunicaciones y Respaldo de Alta Velocidad (CTRAVE), situado en Villaverde, al sur de Madrid. Desde allí, los controladores podrían gestionar los corredores Madrid-Sevilla, La Sagra-Toledo, Madrid-Valladolid-Burgos y Olmedo-Ourense-Santiago, que habitualmente se supervisan desde Atocha. El contrato incluía 19 consolas de operación, 78 monitores de 34 pulgadas, 14 estaciones de trabajo y ocho equipos de comunicaciones, además de servidores, licencias informáticas, cableado y mobiliario. Indra debía adaptar también la plataforma DaVinci, utilizada por Adif para regular la circulación ferroviaria, e integrar el sistema DICOM, empleado para las comunicaciones con los maquinistas.
El accidente y las órdenes de Atocha
La finalidad del contrato era distinta de las circunstancias en las que se produjo el accidente de Urda, que dejó 69 muertos y alrededor de 200 heridos. Aunque una avería del sistema de señalización LZB obligó a aplicar procedimientos alternativos de circulación, el centro de control de Atocha permaneció operativo y continuó transmitiendo instrucciones a los maquinistas. El respaldo de Villaverde estaba concebido para asumir sus funciones cuando la sala principal quedara indisponible, no para supervisar de manera independiente las decisiones de sus controladores.
El contrato tampoco incluía expresamente el desarrollo de nuevas alertas para detectar autorizaciones de circulación peligrosas, aunque sí contemplaba la adaptación de diversas aplicaciones de DaVinci. Tras el accidente, Óscar Puente, anunció un nuevo software con alertas automáticas, mecanismos de doble validación de órdenes y herramientas de inteligencia artificial para reforzar la seguridad ferroviaria.
Un contrato sin competencia y con una rebaja mínima
La licitación se tramitó mediante procedimiento negociado sin publicidad, con Indra como único participante. Adif justificó la adjudicación directa porque la compañía era "la empresa que ha desarrollado el sistema desde su inicio" y advirtió de que recurrir a otro proveedor "pondría en riesgo el correcto funcionamiento y la disponibilidad de la herramienta ya puesta en producción". No obstante, el departamento jurídico de la empresa pública validó la legalidad del pliego administrativo, pero evitó pronunciarse "sobre la justificación de las razones técnicas" para contratar con un único empresario. Tras varias rondas de negociación, Indra rebajó su oferta apenas un 0,2%, equivalente a 2.252 euros.