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Lunes, 16 de noviembre de 2026
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La Fiscalía aprecia indicios de delito en la difusión de las conversaciones de los controladores de Urda y presenta su propia denuncia ante los juzgados
La Fiscalía ha dado un paso propio en el frente judicial abierto por la difusión de las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas de los trenes...
El Ministerio Público concluye las diligencias abiertas a raíz de una denuncia del sindicato Alferro y ha presentado su propia denuncia
Panel de control de la estación de Santa Justa, este martes, afectada por la huelga de maquinistas.EFE
La Fiscalía ha dado un paso propio en el frente judicial abierto por la difusión de las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas de los trenes implicados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El Ministerio Público ha concluido las diligencias abiertas a raíz de una denuncia del sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) y ha presentado su propia denuncia ante los juzgados de Madrid.
Así consta en una comunicación a Alferro, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, firmada por la fiscal Patricia Galán Álvarez. El documento informa de que en las diligencias preprocesales 1249/2026 «ha recaído Decreto de fecha 5 de noviembre de 2026 por el que se acuerda su conclusión y la interposición de denuncia». El escrito ya está en el registro penal del Tribunal de Instancia de Madrid y «pendiente de reparto». La notificación tiene sello de salida del 10 de noviembre.
El paso de la Fiscalía llega después de que varios sindicatos emprendieran acciones penales por la difusión de audios entre Adif y los maquinistas. El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) presentó el 30 de octubre una denuncia ante el juzgado de Orgaz (Toledo), que investiga el accidente. CCOO acudió el 3 de noviembre a la jurisdicción penal por posible revelación de secretos y denunció los hechos también ante la Agencia Española de Protección de Datos.
UGT interpuso una querella contra Adif y quienes hubieran podido acceder, copiar o facilitar las grabaciones a terceros. Las tres organizaciones habían acudido directamente a los tribunales. Lo novedoso en el caso de Alferro es que ha sido la Fiscalía la que, tras tramitar diligencias preprocesales, ha decidido presentar su propia denuncia judicial. No ha trascendido aún si el resto de denuncias ha sido admitido a trámite.
Las difusión de estas conversaciones se produjo durante la investigación sobre el choque de un AVE de Renfe con un Iryo en la línea Madrid-Sevilla el 28 de octubre. Los audios difundidos permitieron conocer conversaciones mantenidas durante la caída del sistema LZB, que provocó la detencion de hasta seis trenes, y reflejaban las instrucciones que se dieron esa fatídica mañana para reanudar su circulación en condiciones degradadas. Su difusión ha abierto una polémica sobre la custodia de registros clave para investigar la tragedia.
Los sindicatos han reclamado que se averigüe cómo se divulgaron esas conversaciones, quién accedió a los archivos originales, quién los facilitó y si estaban protegidos por obligaciones de confidencialidad o por el secreto judicial.
La denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid es distinta de la que Alferro presentó el 3 de noviembre ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Óscar Puente. Aquella iniciativa apuntaba al entonces ministro por haber reconocido que había escuchado las grabaciones y por revelar detalles de una conversación. El sindicato pidió investigar posibles delitos de revelación de información reservada o de actuaciones procesales declaradas secretas. Del recorrido de ese expediente no se han conocido novedades.
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