La Fiscalía ha llevado a los juzgados la difusión de las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas vinculados al accidente de Urda. La denuncia se encuentra en el registro penal del Tribunal de Instancia de Madrid, sin que todavía se haya designado el órgano judicial que se hará cargo. El Ministerio Público busca que la divulgación de esas comunicaciones sea examinada en sede judicial.
La actuación procede de unas diligencias preprocesales que se iniciaron después de que Alternativa Ferroviaria (Alferro) acudiera a la Fiscalía. La fiscal Patricia Galán Álvarez firmó el decreto de cierre el 5 de noviembre. En una comunicación enviada al sindicato, la Fiscalía confirma la conclusión de las pesquisas y el paso a la vía judicial; el envío se realizó el 10 de noviembre. El Mundo ha tenido acceso a esa comunicación.
Los audios circularon mientras se investigaba el choque del 28 de octubre entre un AVE de Renfe y un tren Iryo en Urda (Toledo). En ellos se oyen intercambios entre los maquinistas y el centro de control durante la interrupción del sistema LZB, que dejó parados hasta seis trenes, así como indicaciones para restablecer la circulación mediante procedimientos alternativos. La investigación sobre la difusión pretende aclarar quién pudo obtener las grabaciones y quién las hizo llegar a terceros.
Los sindicatos han abierto distintas vías para que se averigüe cómo se difundieron los archivos. El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) presentó una denuncia el 30 de octubre en el juzgado de Orgaz (Toledo), que instruye el accidente. El 3 de noviembre, CCOO planteó ante la jurisdicción penal una posible revelación de secretos y también acudió a la Agencia Española de Protección de Datos. UGT, por su parte, interpuso una querella contra Adif y contra las personas que hubieran podido consultar, copiar o entregar las grabaciones.
Entre las cuestiones que las organizaciones sindicales reclaman esclarecer están la identidad de quienes accedieron a los archivos originales y las circunstancias en que salieron de su ámbito de custodia. También han planteado si las comunicaciones estaban amparadas por deberes de confidencialidad o por el secreto judicial. La difusión de los audios ha abierto así una investigación distinta de la que busca determinar las causas del accidente, aunque las conversaciones forman parte del contexto de las actuaciones sobre el siniestro.
Alferro acudió además, el 3 de noviembre, a la Fiscalía del Tribunal Supremo con una denuncia contra Óscar Puente, entonces ministro. El sindicato pidió que se investigara si se había revelado información reservada o actuaciones procesales secretas, después de que Puente reconociera haber escuchado los audios y describiera detalles de una conversación. Esa denuncia constituye un procedimiento separado del que ha impulsado ahora la Fiscalía Provincial de Madrid; no se han conocido novedades sobre su tramitación.
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