El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado al director general de la Policía Nacional abrir una investigación interna sobre las cargas policiales registradas durante la huelga general del 11 de noviembre, según han confirmado fuentes ministeriales a ElConfidencial. El movimiento busca apagar el incendio abierto en el seno del Ejecutivo y entre sus aliados parlamentarios tras una jornada marcada por la tensión en las calles, que se saldó con al menos 75 detenidos y 1.044 incidencias en toda España.
La decisión de examinar el operativo llega tras las duras denuncias de los sindicatos y de las formaciones de izquierda por el despliegue antidisturbios y el uso de gas pimienta contra piquetes en puntos como Mercamadrid o el Metro de Granada, desatando una tormenta política contra el titular de Interior.
Revuelta en los sindicatos policiales
Lejos de cerrar la crisis, el giro de Marlaska ha abierto un frente frontal dentro de las propias fuerzas de seguridad. Los principales sindicatos de la Policía Nacional han expresado su rechazo unánime tanto a la investigación como a la retirada del gas lacrimógeno, exigiendo la dimisión inmediata del titular de Interior por poner "bajo sospecha" a los agentes.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, tachan de "inadmisible" restringir los medios de intervención cuando los agentes "reciben pedradas, agresiones o artefactos incendiarios". En la misma línea, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) —que agrupa a las escalas de mando— advierte de que retirar este material no es modernizar el cuerpo, sino "dejar a los agentes vendidos, indefensos y expuestos a agresiones directas sin una alternativa intermedia eficaz".
Más duros se han mostrado Jupol y la Unión Federal de Policía (UFP), que reclaman la cabeza del ministro. Ambos sindicatos reprochan a Marlaska que se apresure a señalar a los policías tras la huelga mientras guarda silencio y evita dar el pésame público tras la muerte de un agente en Oviedo días atrás por la explosión de una mochila bomba. "La Policía Nacional no puede convertirse en el escudo político de un ministro", sentencia la UFP.
Fuego amigo y petición de cese desde el Frente Amplio
La maniobra de Marlaska no ha bastado para frenar la ofensiva de sus propios socios de coalición. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado abiertamente su cabeza en los pasillos de la Cámara Baja: "No nos representa, debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo". Barbero sostiene que la actuación antidisturbios fue "colectiva, no de un agente o dos", exigiendo responsabilidades políticas por cargar contra quienes se manifestaban pacíficamente.
En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien aunque ha evitado pedir el cese directamente, se ha remitido a las palabras del candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, que instó a Pedro Sánchez a destituirle. Más contundente ha sido el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez: "Si no puede controlar a la policía es evidente que no puede ser ministro".
Desde el bloque de investidura, Podemos y ERC han aprovechado el desgaste para golpear al ala socialista del Gobierno. La secretaria general morada, Ione Belarra, ha denunciado las "identificaciones masivas" y el uso de gas pimienta, sentenciando que Marlaska "nunca tuvo que ser ministro". Por su parte, el portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha tachado de "excesiva" la fuerza empleada en comparación con las protestas "de la ultraderecha", apuntando directamente al ministro: "Si la policía le da hostias a la gente en la calle por la cara, pues alguna responsabilidad tendrá".
Bolaños blinda al ministro y el PP señala a los piquetes
Ante el aluvión de críticas de sus aliados, Moncloa ha salido a sostener a Marlaska, aunque marcando distancias con las imágenes de la jornada. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado en RNE que el puesto del titular de Interior no está en cuestión y ha defendido que estuvo "muy encima" de un operativo complejo. Sin embargo, ha evitado avalar todas las intervenciones: "He visto imágenes que no me han gustado y ahora tienen que ser los propios mandos los que determinen si ahí ha habido algún uso desproporcionado".
En la bancada contraria, el Partido Popular ha centrado su ofensiva en deslegitimar la convocatoria y denunciar los altercados provocados por los manifestantes. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado el paro de "fracaso" que "no estaba pensado para los trabajadores" y ha cargado contra la coacción en las calles: "No puede ser que haya gente usando la violencia para evitar que quien quiera trabajar pueda trabajar". El balance policial refleja que, además de las 39 detenciones practicadas por Policía Nacional y Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra arrestaron a 20 personas —18 de ellas tras los disturbios y destrozos en el paseo de Gràcia de Barcelona— y la Ertzaintza detuvo a otras 16 en el País Vasco, donde siete agentes resultaron heridos.
Aún más duro se ha mostrado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien desde Elche (Alicante) ha tachado de "colmo" y "auténtico despropósito" la apertura de la investigación interna. Tras calificar la huelga de "fracaso estrepitoso" impulsado por el propio Ejecutivo, Garriga ha reprochado a Marlaska que investigue "a los agentes que sin medios salieron a garantizar la seguridad y parar a los bárbaros que empujaba el Gobierno", acusándole de dejar a la Policía "a los pies de delincuentes".