El documento, al que ha accedido EL ESPAÑOL, fue firmado el pasado 19 de octubre por el subdirector general de Logística e Innovación, Luis Carlos Espino Cruz, y recibió el visto bueno del director adjunto operativo de la Policía, José Luis Santafé Arnedo, nombrado este año por el ministro Fernando Grande-Marlaska.
La aprobación de esta normativa contrasta con la decisión comunicada este jueves por Interior, que ha ordenado investigar la actuación de la Policía Nacionaldurante los disturbios registrados durante la jornada de huelga general.
Interior ha anunciado también la prohibición del uso del gas lacrimógeno en adelante.
El documento aprobado recientemente, de nueve páginas, actualiza el protocolo que estaba vigente desde 2013 y establece las condiciones para la tenencia, el manejo y la utilización de sprays, tanto de dotación individual como el entregado a las unidades antidisturbios. Se trata de los sprays Rass Stream 88 y del formato MK9.
La nueva normativa justifica la incorporación de estos dispositivos por la necesaria actualización del equipamiento policial.
El texto sostiene que la delincuencia en España "es cada vez más violenta" y que las agresiones a policías "se incrementan paulatinamente, como reflejan las estadísticas del Ministerio del Interior,produciéndose un grave deterioro del principio de autoridad".
Por ello, "la Dirección General de la Policía ha determinado ampliar la distribución y asignación del spray de defensa personal a otras unidades, de acuerdo con las necesidades del servicio".
Dos modelos
El protocolo contempla dos formatos. El primero es el Rass Stream 88 MK3, de dotación individual, con una capacidad mínima de 50 mililitros, al menos diez pulsaciones de un segundo y un alcance efectivo mínimo de tres metros. Su asignación es personal e intransferible y tiene una caducidad mínima de cinco años.
El segundo es el MK9, diseñado específicamente para orden público. Cuenta con una capacidad igual o superior a 400 mililitros, permite al menos ocho pulsaciones de un segundo y tiene un alcance efectivo mínimo de tres metros. Su dotación es colectiva, aunque el uso es individual, y su caducidad mínima es de tres años.
El texto también levanta las antiguas restricciones para utilizar estos dispositivos en espacios cerrados. Además, señala que su composición no es inflamable y que pueden emplearse de forma simultánea con el inmovilizador eléctrico de dotación policial, sin riesgo de ignición.
La normativa autoriza el empleo de los sprays ante agresiones o situaciones de resistencia activa que pongan en riesgo la integridad física de los agentes, de terceras personas o la seguridad ciudadana. También contempla su utilización para neutralizar a personas que amenacen de forma inminente con autolesionarse gravemente.
El protocolo establece que su uso debe respetar los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, así como el empleo progresivo de los medios coercitivos. Recomienda mantener una distancia operativa mínima de tres metros y realizar advertencias verbales previas siempre que las circunstancias lo permitan.
El documento también establece situaciones en las que no recomienda utilizar los dispositivos, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas o ante un peligro inminente y grave en el que sean el único medio posible para evitar daños mayores.
Entre ellas figuran las situaciones de resistencia pasiva, las intervenciones con personas que ya estén controladas o engrilletadas y los casos que afecten a colectivos vulnerables, como menores, ancianos, embarazadas o personas con salud debilitada.
El protocolo obliga asimismo a documentar cualquier utilización del spray en el correspondiente atestado, incluso aunque la vaporización no llegue a afectar a ninguna persona.
Los agentes deben dejar constancia de la fecha, hora y lugar, su identificación y la del resto de efectivos presentes, las circunstancias que justificaron el uso, el número de pulsaciones, la distancia aproximada y los efectos observados.
Los agentes, contra Marlaska
Por otra parte, todos los sindicatos policiales han salido este jueves en tromba contra el ministro del Interior, después de que haya tomado dos decisiones: investigar las cargas policiales del día de la huelga y dar la orden de que se prescinda del gas lacrimógeno como medida de control de las manifestaciones.
Según la Unión Federal de la Policía (UFP), Marlaska aparece una vez más "para señalar a los policías, no para respaldarlos, no para defenderlos y no para garantizar su seguridad, sino para cuestionar sus actuaciones y limitar sus herramientas de trabajo".
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) alerta de que la orden tendrá una consecuencia inmediata para el policía que mañana vuelva a formar un cordón. "Cuando un grupo violento ataque esa línea, ¿qué instrucciones tendrá el jefe de la unidad, con qué medios podrá intervenir y cómo protegerá a los agentes y a los manifestantes pacíficos? Esa respuesta le corresponde al ministro y debe darla antes del próximo dispositivo".
Mientras tanto, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) recuerda que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional "no es arbitrario; es legítimo, es legal y está guiado en todo momento por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad".
" Nuestros agentes no salen a la calle a agredir a nadie; salen a restablecer el orden cuando un grupo violento decide pisotear los derechos del resto de los ciudadanos", añaden.
"Pretender hacer creer que la violencia se combate sin medios es una irresponsabilidad absoluta que pone en riesgo directo la vida de nuestros policías", continúan.
El sindicato JUPOL, por su parte, pide su dimisión y recuerda "que los medios coercitivos de los que dispone la Policía Nacional son herramientas reglamentarias de trabajo, proporcionadas por la propia Administración, y que su utilización debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y congruencia".
La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia también "la doble vara de medir" del ministro. La intervención se desarrolló "en no pocas ocasiones en escenarios de tensión, enfrentamientos, agresiones y graves alteraciones del orden público. Hubo lanzamiento de piedras y objetos peligrosos contra los agentes, quema de contenedores, daños materiales y conductas violentas que exigieron una respuesta policial para recuperar la normalidad".
Interior mantiene un doble discurso con esta herramienta empleada por los antidisturbios. Hace tres años, justificó su uso en las protestas de Ferraz, calificando de "proporcional" la actuación policial. Algo que hoy no ha ocurrido, ya que se ha apresurado a lanzar un comunicado señalando que se investigará el uso que de él se hizo durante los disturbios de la tarde de este miércoles en las manifestaciones por la huelga general.