El Ministerio del Interior aprobó el 19 de octubre un protocolo que regula la tenencia, el manejo y el uso de dos modelos de espray policial, antes de que Fernando Grande-Marlaska ordenara dejar de emplear gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones. El texto actualiza las normas vigentes desde 2013. Lo firmó Luis Carlos Espino Cruz, subdirector general de Logística e Innovación, y lo avaló José Luis Santafé Arnedo, director adjunto operativo de la Policía Nacional.
El documento regula el Rass Stream 88 MK3, de dotación individual, y el formato MK9, empleado también por unidades antidisturbios. Además, contempla ampliar la distribución de estos espráis a otras unidades policiales según las necesidades del servicio. La justificación recogida en el protocolo alude a la actualización del equipamiento y al aumento de la violencia delictiva y de las agresiones a agentes. La orden de Marlaska sobre el gas lacrimógeno se refiere a otro tipo de material.
El ministro instó al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, a abrir investigaciones específicas sobre las actuaciones durante la huelga general. Interior indicó que las pesquisas se desarrollarán al margen de las inspecciones ordinarias que la Policía realiza tras sus intervenciones para comprobar si se ajustan a las normas. La decisión llegó después de las cargas contra piquetes y manifestantes y de las denuncias de sindicatos y organizaciones.
El balance de Interior situó en 1.144 las incidencias y en 47 las detenciones comunicadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil hasta las 23.00 del miércoles. Las cifras eran provisionales y excluían Cataluña y el País Vasco. El Confidencial publicó un recuento distinto: 1.044 incidencias y al menos 75 detenidos. Los sindicatos policiales han rechazado tanto la investigación como la retirada del gas. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, descartó cesar a Marlaska, aunque admitió que algunas imágenes no le habían gustado y señaló que corresponde a los mandos valorar si hubo un uso desproporcionado de la fuerza.
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