La Sala de lo Penal levanta las inhabilitaciones de los cuatro exdirigentes independentistas tras acatar la sentencia del TC, a la que atribuye una «innecesaria grandilocuencia». Junqueras y Romeva irán en las listas de ERC para las generales del 29 de noviembre.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declaró el martes extinguida la responsabilidad penal del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y de los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a quienes ha aplicado la ley de amnistía por el delito de malversación por el que fueron condenados en 2019. La decisión llega dos semanas después de que el Tribunal Constitucional estableciera, el 6 de octubre, que ese delito debía quedar amnistiado, y deja sin efecto la pena de inhabilitación que les impedía presentarse a unas elecciones u ocupar un cargo público.
El auto, de 12 páginas, lo firman los tres magistrados que juzgaron el procés y siguen en activo: Andrés Martínez Arrieta, actual presidente de la Sala, Manuel Marchena, ponente, y Antonio del Moral. El tribunal asume «en su integridad» la parte dispositiva de la sentencia del Constitucional que amparó a Bassa, extensible al resto de condenados, pero dedica buena parte de su resolución a criticar la fundamentación de esa sentencia, redactada por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido.
El Constitucional había atribuido a la interpretación del Supremo una «drástica contradicción», una «interpretación extensiva» y un distanciamiento del «sentido común» y de «la lógica». El Supremo responde que esas consideraciones son «absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto» y que «su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia».
Los magistrados añaden que la sentencia, suscrita por siete miembros del TC, «encierra una descalificación que alcanza a otros catorce magistrados», entre ellos los cinco del propio Constitucional que firmaron un voto particular discrepante. Sostienen que sus críticas no suponen un conflicto institucional, sino que denuncian «una ruptura» del TC con su propia jurisprudencia, y advierten de que su conversión en una última instancia revisora de la interpretación de las leyes «está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978». También consideran que la sentencia se aparta de la ley reguladora del TC, «que impone un deber de contención argumental».
Conde-Pumpido intervino por la tarde en un acto del Colegio de Procuradores y pidió respeto a la jurisdicción del tribunal que preside, sin el cual, según dijo, no podría garantizarse la independencia judicial. Afirmó que el Constitucional seguirá trabajando «como guardián de las libertades», intérprete de los derechos fundamentales y «árbitro de los poderes».
Junqueras fue condenado a 13 años de prisión e inhabilitación por sedición en concurso con malversación, y Romeva, Turull y Bassa, a 12. El Gobierno les indultó en 2021 la pena de cárcel pendiente, pero las inhabilitaciones se prolongaban hasta 2030 en el caso de Romeva y Turull y hasta 2031 en el de Junqueras y Bassa. Tras la reforma penal que derogó la sedición, el Supremo rehízo las condenas como desobediencia y malversación, y tras la entrada en vigor de la amnistía, en junio de 2024, rechazó aplicarla a la malversación por entender que hubo beneficio personal patrimonial y afectación a los intereses financieros de la UE, con el voto en contra de la magistrada Ana Ferrer y contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El Tribunal de Justicia de la UE descartó en julio esa afectación.
El Supremo ha trasladado además el auto al Ministerio de Justicia para que elimine los antecedentes penales de los cuatro y de Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Josep Rull y Carme Forcadell, condenados solo por desobediencia y ya amnistiados. La amnistía completa del expresidente Carles Puigdemont y de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig sigue pendiente: el juez Pablo Llarena levantó el lunes sus órdenes de detención, una decisión recurrible. Puig regresó el martes a Cataluña tras nueve años en Bélgica y Comín tiene previsto viajar a Madrid para recoger su acta de eurodiputado.
La decisión coincide con la apertura del plazo de presentación de candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre, que concluye el 26 de octubre. ERC incluirá a Junqueras en el puesto 31 por Barcelona y a Romeva como primer suplente. Junqueras declaró en catalán que «nos tenían y nos tienen miedo, y hacen bien en tenerlo». Turull, secretario general de Junts, calificó el auto de «capitulación» de Marchena y del Supremo.
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