Esquerra Republicana de Catalunya ha incluido a Oriol Junqueras y Raül Romeva en sus listas para las elecciones generales del 29 de noviembre, ambos en puestos simbólicos: Junqueras figurará en el número 31 por Barcelona y Romeva, como primer suplente. Pueden concurrir porque la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo les aplicó el martes la Ley de Amnistía, junto a Dolors Bassa y Jordi Turull, en un auto con duros reproches al Tribunal Constitucional. El plazo para presentar candidaturas al Congreso y al Senado se abre este miércoles y concluye el 26 de octubre.
El auto, de 12 páginas, declara extinguida la responsabilidad criminal de los cuatro antiguos miembros del Govern condenados por malversación en la causa del procés, deja sin efecto sus penas de inhabilitación y archiva la causa para ellos. Fueron indultados por el Gobierno en junio de 2021 de la prisión que les quedaba por cumplir, pero seguían inhabilitados hasta 2030 Romeva y Turull y hasta 2031 Junqueras y Bassa. Junqueras fue condenado en 2019 a 13 años; los otros tres, a 12.
La Sala ejecuta la sentencia del Constitucional del 6 de octubre, que concedió el amparo a Bassa y estableció que la amnistía alcanzaba a la malversación. El Supremo había excluido ese delito al entender que concurría un beneficio personal de carácter patrimonial.
Firman el auto Manuel Marchena, ponente; Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda, y Antonio del Moral, los tres magistrados en activo del tribunal que juzgó el procés. Asumen «en su integridad» la parte dispositiva del fallo, como exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero consideran «manifiestamente prescindibles» expresiones de la sentencia, redactada por Cándido Conde-Pumpido, como «drástica contradicción» o el distanciamiento del «sentido común». A su juicio, esa «innecesaria grandilocuencia» pretende «camuflar la intensidad de la injerencia».
Los magistrados sostienen que la sentencia, respaldada por siete miembros del Constitucional, descalifica a otros catorce jueces que defendieron la interpretación anulada, entre ellos cinco del propio tribunal de garantías que firmaron un voto particular. El auto habla de una ruptura con la jurisprudencia histórica del Constitucional y afirma que su «mutación» en una última instancia revisora de las interpretaciones del Supremo está «desdibujando el diseño» constitucional de 1978. También le reprocha incumplir el «deber de contención argumental» que fija su ley reguladora.
Conde-Pumpido respondió el martes por la noche, en un acto del Consejo General de Procuradores de España, con una petición de respeto a la jurisdicción del tribunal que preside, sin la cual, dijo, no podría garantizarse la independencia judicial. Añadió que el Constitucional seguirá trabajando «como guardián de las libertades».
La resolución no alcanza todavía a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, a quienes el instructor Pablo Llarena levantó el lunes las órdenes de detención, una decisión recurrible. Puig regresa este miércoles a Cataluña tras nueve años en Bélgica y participará por la tarde en un acto en Terrassa, su ciudad natal; Comín viajará a Madrid para recoger su acta de eurodiputado, y el regreso de Puigdemont sigue sin fecha.
El Supremo ha remitido además el auto al Ministerio de Justicia para que elimine los antecedentes penales de los cuatro amnistiados y de Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carme Forcadell y Josep Rull, condenados por desobediencia y ya amnistiados.
Junqueras reaccionó en catalán: «Nos tenían y tienen miedo y hacen bien en tenerlo». Turull, secretario general de Junts, calificó la decisión de «capitulación» de Marchena y del Supremo. La resolución llega en plena precampaña, con el PSOE y sus socios negociando candidaturas conjuntas al Senado y PP y Vox explorando un acuerdo en esa cámara. «Estamos hablando y vamos a seguir hablando con Vox», dijo Alberto Núñez Feijóo en la COPE.
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